Por María José Sánchez Programa de Control de Mercado de Medicamentos ANMAT y Sebastián Tobar Director Relaciones Internacionales Ministerio de Salud Nación.
El derecho a la salud es inseparable del acceso de la población a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Esta premisa, sin embargo, no es unívoca ya que la definición de esos atributos ha sido malversada durante décadas. Los países de UNASUR vienen impulsando políticas de acceso a medicamentos como parte esencial de una política integral de salud. En Argentina la priorización de esta política, que se sintetiza en la provisión gratuita de medicamentos esenciales a través del Programa Remediar, la prescripción de medicamentos por nombre genérico, la promoción de la producción pública de medicamentos, y la implementación del sistema de trazabilidad, ha colocado al país a la vanguardia de la región.
Estos esfuerzos reportaron al país un reconocimiento por parte de la OMS, que en un hecho inédito celebrará entre el 19 y 21 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, la Primera Reunión del Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad, substandar, espurios, de etiquetados engañosos, falsificados o de imitación.
Además de ser un delito penal, los productos médicos ilegítimos constituyen un problema de salud pública, que afectan de igual manera a países desarrollados y en desarrollo. La reglamentación de canales de distribución de medicamentos tiene por objetivo garantizar que los medicamentos lleguen a consumidor con calidad, seguridad, y eficacia con la que fueron elaborados.
No obstante, el abordaje de esta temática en los foros internacionales ha venido confundiéndose, no haciéndose énfasis en un problema sanitario, sino propiciando la defensa de los intereses privados. Es imprescindible que las políticas contra la falsificación de medicamentos se distingan de la perspectiva de la protección de la propiedad intelectual que compiten con los medicamentos genéricos.
Varios países cuestionan la existencia del grupo denominado International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce -IMPACT-, creado por Jong Wook Lee, ex director de la OMS, sin el mandato de los Estados Miembros que participan en la Asamblea Mundial de la Salud.
IMPACT tuvo una actuación inicialmente técnica, con la elaboración de documentos relevantes para una actuación nacional contra la proliferación de medicamentos falsificados, pero luego puso en evidencia que respondía a intereses privados.
En la 61º Asamblea Mundial de la Salud, a través de un miembro del continente africano, se propuso una conceptualización para la falsificación con diferenciación del origen del producto que, de ser aprobada en un foro internacional, hubiera impedido el reconocimiento de los medicamentos genéricos como productos legítimos. En esa Asamblea, la delegación de India, apoyada por muchos países, criticó la propuesta de oficialización de los trabajos de IMPACT y la tentativa de utilización de la OMS como medio de enforcement de los derechos de propiedad intelectual.
La UNASUR propuso en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) reemplazar al IMPACT, planteando que no tenía el mandato de los países y que perseguía objetivos que distaban ser los de la salud de la población.
En la 62ª Asamblea, los Ministros de Salud de los países de Suramérica acordaron dar impulso a un nuevo abordaje para que la protección de la salud fuera el eje principal de discusión en relación al tema de los medicamentos ilegítimos.
Se propuso un cambio de semántica en relación a la expresión counterfeit, que tiene ligación directa con los fraudes a las marcas y las cuestiones fiscales con implicaciones directas en propiedad intelectual. Y se promueve el término falsificación, prosecución de objetivos sanitarios, y la concertación entre los países para la conformación de redes de información y apoyo mutuo.
Lo acontecido en la OMS permitió que los países en desarrollo tomaran conciencia del riesgo de que un resultado negativo en esa temática pudiera impedir la expansión de la política de genéricos, tan importante para la superación de barreras de acceso económicas.
La próxima reunión de Buenos Aires quiere establecer un nuevo mecanismo dirigido por los países (country driver) para la colaboración internacional, desde una perspectiva de salud pública y dejando de lado la tendencia orientada en las violaciones al comercio.
