Por el Dr. Juan José Prieto, Farmacéutico Nacional

Los resultados de algunos estudios demuestran que el uso adicional de ácido fólico reduce el riesgo de cardiopatía coronaria, como así también la incidencia de ciertos tipos de cáncer en los niños.

El ácido fólico es una vitamina (Vit. B) que ayuda a prevenir los defectos congénitos relacionados con el cerebro y la médula espinal, denominados defectos del tubo neural. En la prevención de estos la indicación es consumirla antes de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo, y esto es así debido a que los defectos del tubo neural se originan durante el primer mes de gestación, hecho que le da más importancia a una buena planificación de un embarazo; no obstante, los riesgos se dan en aquellos casos no deseados o no planificados.

El folato es la forma natural del ácido fólico, presente en ciertos alimentos como espárragos, jugo de naranja, remolacha, espinaca, palta, lechuga, maní, brócoli, tomates, fresas, jugo de pomelo, banana, maíz o choclo, etc., siendo las mejores fuentes las verduras de hojas verdes, las legumbres y algunas frutas.

Algunos estudios han demostrado que si todas las mujeres consumieran la cantidad recomendada de ácido fólico antes y durante la primera etapa del embarazo se podría prevenir hasta un 70 por ciento de todos los defectos del tubo neural. A este, se lo puede definir como la parte del embrión a partir de la cual se forman el cerebro y la médula espinal; si este proceso no se realiza adecuadamente y el tubo neural no se cierra por completo, se pueden producir defectos en el cerebro y en la médula espinal; los defectos del tubo neural más habituales son la espina bífida y la anencefalia.

La espina bífida, a menudo conocida como espina dorsal abierta, afecta a la columna vertebral y, en ocasiones, a la médula espinal. Los niños que tienen el tipo grave de espina bífida presentan cierto grado de parálisis en las piernas y problemas de control de la vejiga e intestinos y, a veces, problemas neurológicos y de desarrollo.

La anencefalia es una enfermedad fatal en la que el bebé nace con el cerebro y el cráneo sumamente subdesarrollados.

El ácido fólico también puede ayudar a prevenir otros defectos congénitos, como labio leporino, paladar hendido y ciertos defectos cardíacos.

En cuanto a este último punto,  haré mención a un estudio realizado en Holanda en donde se investigó el uso de ácido fólico durante el embarazo para disminuir el riesgo de defectos congénitos del corazón en relación con otras malformaciones asociadas al folato.

Para ello, se analizaron los datos de un registro de los defectos de nacimiento durante un período de 10 años.

El ácido fólico fue administrado como un suplemento único o como un complejo multivitamínico que lo contenía, en dosis de 400 ug al día.

Los resultados apoyaron la hipótesis que establece que el uso adicional de ácido fólico durante el embarazo reduce el riesgo de cardiopatía coronaria en los niños.

Dada la importancia del uso de esta vitamina durante la gestación para la prevención de otras afecciones, estos resultados confirman la necesidad de suplementar a las embarazadas.

A pesar de estos datos concluyentes es sumamente importante tener presente dos cosas, en principio tratar de hacer una planificación previa de un embarazo, y en segundo término recomiendo la correspondiente consulta médica; es decir, es sumamente importante planificar un embarazo, pero a su vez es primordial no automedicarse con ácido fólico, el médico es quien evaluará cada caso particular y es quien indicará las concentraciones a utilizar.

A toda esta información que demuestra la importancia del consumo de acido fólico se le suma un nuevo estudio de la Universidad de Washington en St. Louis y de la Universidad de Minnesota, el cual reveló que la fortificación de los alimentos con ácido fólico puede reducir la incidencia de algunos tipos de cáncer infantil (tumor de Wilms, un tipo de cáncer de riñón y de tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET).

En el ensayo participaron 8.829 niños, desde el nacimiento hasta los cuatro años, con diagnóstico de cáncer. Esta investigación muestra que la fortificación con ácido fólico también puede reducir la incidencia de ciertos tipos de cáncer infantil en los Estados Unidos, aunque los expertos sostienen que se necesitan más estudios para confirmar estos resultados y para descartar otras explicaciones (Fuente: Washington University in St. Louis).

Noticias Venado 10/09/12

La fabricación de medicamentos es una intervención necesaria del Estado, así lo entienden muchas administraciones provinciales, que con sus fábricas en plena producción y expansión proveen de medicamentos a miles y miles de personas, que no podrían acceder a ellos ni curarse de otra manera.

Por el Dr. Alberto D. Rotman

Aquí en Entre Ríos se dejó pasar esa oportunidad, es una deuda pendiente, es una oportunidad vigente para dejar de declamar la Justicia Social y hacerla realidad. Alguna vez tendremos que aprender a gestionar políticas públicas que trasciendan a los partidos políticos.

Siguiendo las directivas de la OPS (Organización Panamericana de Salud), el 2 de Agosto de 2011, por ley N° 26.688, se declaró «de Interés Nacional la Investigación y Producción Pública de Medicamentos».
En la actualidad hay 40 laboratorios de producción pública de medicamentos que elaboran 620 millones de unidades al año, con un excelente control de calidad. Estos laboratorios estatales en los últimos 10 años tuvieron un crecimiento en la producción de un 680%. Los laboratorios de la Universidad de Córdoba, Puntanos de San Luis y los dos de Santa Fe, hoy compiten con dinámica empresarial frente a los privados y a un costo varias veces menor que el más económico de plaza.
El presupuesto global de salud para este año tiene un estimado de 122 mil millones de pesos, de ellos el 32 % corresponden a medicamentos. De seguir así nunca se podrá terminar con la fragmentación del sistema de salud que impuso el Banco Mundial en la década del 90 y seguiremos con la injusticia social que nos impone la desigual accesibilidad a la salud entre provincias ricas y provincias pobres, entre la población con un buen ingreso económico y aquellas que no lo tienen.
Hoy la mayoría de los laboratorios estatales de las diferentes provincias están en expansión, incrementando y perfeccionando su producción. Así en Santa Fe la producción de antibióticos inyectables cubre el 94 % del sistema de Atención Primaria de esa provincia, ahorrando de esta forma 14 millones de pesos anuales. El laboratorio estatal de Rio Negro (PROZOME) aumento el 20% su producción de antibióticos. Además proveerá a la Nación de 200.000 unidades de Albendazol, medicamento usado en los programas nacionales contra la Hidatidosis (Quiste Hidatídico), a un costo de 1,70 pesos por comprimido. El Ministerio de Salud pagaba hasta ahora 20 pesos por cada unidad del medicamento. El ahorro será de alrededor de 750 mil pesos anuales.
Mientras la mayoría de las provincias desarrollan laboratorios estatales de producción de medicamentos y otras perfeccionan las que tienen funcionando, nuestra Provincia, en ese tema, va de contramano con el resto del país, debido a que en aquel momento primó la mezquindad política y la falta de conocimiento de la verdadera justicia social.
Entre los años 2002 y 2003 en algunos hospitales de Entre Ríos, se elaboraban diversos medicamentos genéricos con excelente control de calidad, el fin era proveer de ellos a los hospitales y Centros de salud. Así el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay llegó a elaborar 21 medicamentos genéricos, el Hosp. F. Heras de Concordia elaboraba 9 medicamentos distintos, como así también el Hosp. Centenario de Gualeguaychú, el Hosp. De Crespo y el de Diamante. Esto fue declarado de interés provincial a través del decreto N°3619/02. El costo de estos medicamentos resultaba ser de 4 a 5 veces menor que el más económico de plaza. Hoy ninguna de estos pequeños laboratorios están funcionando.
Con esa experiencia se planificó una planta provincial de medicamentos genéricos, (INFADER S. A.) por decreto N°1767/03, a llevarse a cabo en la Ciudad de Federal.
Se capacitó recursos humanos, se estudiaron la demanda de los principales medicamentos en los Hospitales de la Provincia, se estudiaron costos, impacto ambiental, el organigrama de funcionamiento y se planificaron 3 etapas para llegar a la provisión del 100% de los medicamentos y sueros de toda la provincia en 2 años, se logró la aprobación del ANMAT (Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología), se compró toda la aparatología necesaria a través del PENUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
Cuando se hace cargo el nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2003, inexplicablemente este proyecto se desactiva, a pesar que este laboratorio estaba muy próximo a terminarse y comenzar a funcionar.
Esta inexplicable resolución nos lleva a pensar que el gobierno Justicialista de Entre Ríos, que se expresa con insistencia representantes de los humildes, en aquel momento, se olvidó de ellos. Es verdad que «donde existe una necesidad, nace un derecho» pero, no solo hay que citar a Eva Perón, se deben generar Políticas Públicas que aseguren los derechos de los que menos tienen.
El Gobierno Justicialista de aquel momento y el de hoy:
Deberían saber que: el 50% de la población concurre a los Hospitales y Centros de salud por no tener ninguna Obra Social (trabajadores en negro, – muchos de ellos trabajan en el Estado- monotributista, planes sociales etc.) y un gran número de ellos no tiene acceso al medicamento si este no es provisto por el Hospital.
Debería saber que: el medicamento es un bien social básico y fundamental y no una mera mercancía.
Debería saber que: hoy los Hospitales no están en condiciones de proveer muchos de estos medicamentos.
Debería saber que: el costo de los medicamentos de esa planta iba a ser 5 veces más económicos que los que compran los Hospitales
Debería saber que: el Estado Provincial carece de políticas adecuadas de Salud y en especial de medicamentos.
Debería saber que: con esta medida, junto con la política de libertad de precios en medicamentos, deja a la población a merced de los oligopolios de la industria farmacéutica.
Debería saber que: la producción pública de medicamentos es una estrategia que apuntala la propuesta de sostener políticas soberanas en este tema.
Debería saber que: un Laboratorio Estatal de producción de Medicamentos es de vital importancia para implementar Políticas de Estado en el área de Ciencia y Tecnología, que favorecería a que nuestra provincia adquiera autonomía tecnológica incorporando personal calificado.
Debería saber que: ese Laboratorio hubiera estado entre los 10 mejores del país.
Por todo ello, la anulación de aquel Laboratorio de producción de medicamentos en la Ciudad de Federal nos lleva a pensar que fue desactivado: O por mezquindad política, debido a que esa Ciudad del norte entrerriano tiene un gobierno municipal Radical, o sino, deberíamos pensar que hubo connivencia con laboratorios privados que son proveedores de los Hospitales, no importándole los beneficios que este hubiera ocasionado y el incremento del presupuesto de salud por no haberlo hecho.
Como corolario, quiero renovar mi solicitud para que el Gobierno: Adhiera a la ley nacional N° 26.688 que declara de interés nacional la producción estatal de medicamentos, y en segundo lugar, que reactive inmediatamente el Laboratorio de Medicamentos que se estaba construyendo en la Ciudad de Federal, para dar así solución a la creciente demanda de este vital insumo, en los Hospitales y Centros de Salud.

El Heraldo 9-08-12

Por Juan Ignacio Martínez-Salamanca. Urólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, secretario general de la Asociación Española para la Salud Sexual (AESS) y colaborador de ELMUNDO.es

En los últimos años ha surgido un nuevo peligro para la seguridad de los pacientes: la compra de medicamentos por internet. Aunque en España la compra de medicamentos ‘on line’ con receta médica no está autorizada, en algunos países como el Reino Unido, Holanda y Alemania sí lo está. Esta práctica aumenta de forma significativa el peligro de exponerse a medicamentos falsificados, no autorizados, de inferior calidad e incluso peligrosos para la salud.
Los medicamentos para los trastornos sexuales, especialmente la disfunción eréctil, representan uno de los segmentos más importantes de este negocio de falsificación y por ello la Asociacion Española para la Salud Sexual viene concienciando a la población desde hace tiempo sobre los riesgos que puede suponer consumirlos.
¿A que nos referimos cuando hablamos de medicamentos falsos? Estos pueden tener las siguientes características:

No contienen la composición del medicamento auténtico
No contienen suficiente cantidad del principio activo para que sean efectivos
Además, estos medicamentos pueden contener sustancias nocivas y haber sido fabricados en condiciones antihigiénicas, sin ningún tipo de control sanitario.
Cuando una persona con una disfunción sexual opta por no acudir al médico y comprar los medicamentos directamente por internet se expone a un doble peligro. Por un lado, la posibilidad de adquirir un medicamento falso y, por otro, ignorar el hecho de que la disfunción eréctil pueda ser un síntoma ‘alarma’ que pueda alertar de la aparición de otra posible enfermedad como diabetes, problemas cardiovasculares, etc. No en vano, la disfunción eréctil se considera un predictor de riesgo de enfermedades cardiovasculares en varones.
Por ello, la labor del médico es imprescindible para diagnosticar la disfunción correctamente, derivar a otros profesionales cuando se detectan enfermedades asociadas y planificar el tratamiento adecuado así como su seguimiento. No debemos olvidar que los medicamentos para las disfunciones sexuales requieren receta médica y que es necesaria la supervisión del médico que tendrá en cuenta su estado de salud actual, tanto en la elección del tratamiento como en la dosis adecuada.
Además, tomar la medicación ‘autentica’ ayuda al médico a planificar el tratamiento futuro basándose en información correcta sobre la efectividad de los fármacos, episodios adversos etc.
Entre las circunstancias principales por las que los pacientes acuden a internet para comprar medicamentos para las disfunciones sexuales se encuentran los siguientes:
Cuando se avergüenzan de su problema y no quieren consultar al médico
La rapidez y la facilidad para adquirir el producto
Por motivos económicos. Muchas páginas web ofrecen precios ‘muy atractivos’ aunque en realidad no lo son si tenemos en cuenta que en muchos casos estamos adquiriendo un producto falso y potencialmente peligroso para la salud.

El Mundo  08-08-12

Por Marcelo Rodriguez – Página/12 Sup. Futuro 04-08-12

“El medicamento será suministrado sin costo alguno para usted durante el ensayo. Sin embargo, si el medicamento se aprueba para su comercialización mientras que aún está inscrito en el ensayo, usted o su compañía de seguros tendrá que pagar por él.” Si su vida dependiera de ese medicamento pero su costo de mercado lo hiciera inaccesible, ¿aceptaría o no las condiciones? Es el texto de un formulario que una compañía de ensayos clínicos en Estados Unidos hacía firmar a los ingresantes.

Los protocolos de ensayo clínico son las pruebas de eficacia, seguridad y efectos adversos que debe atravesar todo nuevo medicamento antes de ser usado masivamente. Estudian o comparan su acción en personas, una acción que de algún modo se puede prever en las imprescindibles etapas previas de investigación in vitro y en animales, pero que en definitiva es desconocida, es la incógnita que se busca revelar.

A pesar de que la Declaración de Helsinki, consensuada por la Asociación Médica Mundial (WMA), fijó en 1964 un marco para que la investigación biomédica se ajustara a la integridad y los derechos humanos, la complejidad de la relación asimétrica que se establece entre investigadores e investigados –y, en un sentido más amplio, entre la industria farmacéutica y el resto de la sociedad– cuenta con puntos nebulosos.

Al considerar los avances médicos como un beneficio para la humanidad en su conjunto se choca en principio con que la dinámica de producción de estos avances está a cargo, en su mayor parte, de unas pocas compañías privadas en el mundo que pueden solventar sus altos costos. Directa o indirectamente, éstas reclutan pacientes que reúnan las condiciones de salud necesarias para ser tratados con el medicamento bajo estudio, éstos consienten en acceder al tratamiento experimental gratuitamente y así se genera –en el caso óptimo– una relación de mutuo acuerdo y beneficio. Pagarles a los pacientes está razonable y suficientemente prohibido, a fin de evitar que alguien se someta por necesidad.

Normalmente, la compañía patrocinadora del estudio se hace cargo de todas las cuentas, incluidos los controles médicos integrales del paciente (las empresas aseguran que éste es un gran atractivo) y, por supuesto, los medicamentos y los honorarios de los investigadores médicos y los gastos administrativos.

La incógnita viene después. Muchas de las compañías farmacéuticas que realizan este tipo de estudios siguen proveyendo los tratamientos a los pacientes una vez finalizado el estudio, aun sin estar obligadas por las leyes a hacerlo. Hasta aquí, permanecemos en el terreno donde lo correcto es compensado por la buena voluntad de los programas de caridad y responsabilidad social empresaria.

El ejemplo del principio fue elegido por Ignacio Mastroleo, profesor de Filosofía de la UBA y becario del Conicet, en el marco de su beca de doctorado para su trabajo “Justificación de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso para los sujetos de investigación”, que ganó el premio de Bioética de la Fundación Jaime Roca. Tal vez no responde a la generalidad, pero sirve para plantear un problema real en la relación actual entre sujetos bajo investigación, investigadores e industria, y por qué no, en la relación de la ciencia con la sociedad de mercado en la que se desarrolla.

Por haberse prestado a que Edward Jenner (1749-1823) probara en él su primera vacuna contra la viruela en 1796, James Phipps (1788-1853) se convirtió a los 8 años de edad en un héroe de la historia de la ciencia. Hoy la tendencia hegemónica –que incluye posiciones muy diversas, desde la inaugurada en 2001 por la Comisión Asesora de Bioética estadounidense (NBAC) hasta la crítica del influyente autor Alan Wertheimer, de los Institutos Nacionales de Salud de ese país– concibe la relación entre investigador e investigado como un acuerdo de reciprocidad en el que cada parte recibe un paquete de beneficios (que en el caso del paciente bajo estudio incluye un tratamiento potencialmente beneficioso y control médico integral) a cambio de determinado compromiso. Dentro de la lógica de esta “reciprocidad de mercado” –con un contrato por tiempo acotado y libremente acordado por las partes–, resulta difícil justificar que la institución patrocinadora deba seguir aportando beneficios (pagar el tratamiento) una vez finalizado el ensayo.

Hay soluciones de compromiso que extienden el beneficio del tratamiento por un tiempo x después del ensayo, pero solucionan la paradoja abierta entre un sentido moral que indicaría dar el tratamiento a quien depende de él y no tiene cómo pagarlo después de haberse prestado a las pruebas, y un sentido de la reciprocidad económica, que considera que no existe obligación ninguna una vez cumplido un contrato.

Pero esta supuesta transacción entre particulares se diluiría cuando se considera a la actividad científica en el marco de una sociedad que puede (y necesita) verse beneficiada con ella. En ella, el paciente puede no estar motivado por el beneficio personal, como sugiere el punto de vista mercantilista. Mucha gente participa de éstos esperando que se halle la cura para una enfermedad, o para que el problema tenga visibilidad social en busca de una solución. Evidentemente, existen muchos beneficios (y obligaciones también) que exceden los términos de cualquier consentimiento informado.

El trabajo de Mastroleo aporta conceptos de reciprocidad más abarcadores que el de mercado, como el de reciprocidad comunitaria formulado por Gerald A. Cohen en 2001, que se basa en el deseo mutuo de cooperar. Y otro quizá más realista: el de reciprocidad democrática, basado en el filósofo estadounidense John Rawls (1921-2002), que habla de acuerdos celebrados en el marco de principios de justicia aceptados por todas las partes. Es diferente de lo que hoy ocurre, cuando los términos del acuerdo son invariablemente impuestos por una de las partes, sin posibilidad de negociación.

Los casos puntuales terminan siendo dirimidos por abogados, pero es a la sociedad en conjunto a la que le corresponde decidir la jerarquía que da a los derechos humanos y a la investigación científica.

Apuntes sobre la despenalización de la tenencia para uso personal.

 Por Rafael Bielsa

Sería necesario, en el marco de la discusión abierta sobre la despenalización de drogas en el país, comprender la complejidad que tiene el fenómeno del uso problemático de sustancias psicoactivas y estupefacientes, esto es, poder pensar en las diferentes situaciones y condiciones en las que este proceso se manifiesta; según las personas involucradas sean adolescentes, jóvenes o adultos; sean de clases medias, altas o vulnerables; según las motivaciones que iniciaron y continuaron siendo el sostén del consumo-abuso; según drogas; según lugares. Es importante comprender que cuando nos referimos al problema de las drogas, consideramos situaciones de consumo disímiles en términos socioambientales y de acceso a la salud, que requieren respuestas diferenciadas. Por lo tanto, para hablar de un tema en el que “no se debe pegar por debajo del cinturón”, es necesario ser precisos y hacer afirmaciones sustentables por evidencias comprobables. Si no lo hacemos, gastaremos mal el dinero público y nos alejaremos de los efectos sobre la realidad perseguidos.

Una consigna que pareciera dividir aguas y que se presenta como un diagnóstico per se, por quienes lo declaman como una denuncia pública, es sostener que Argentina es un país de consumo. Todos los países del mundo son países de consumo. No existe sociedad en la cual no esté presente el consumo de sustancias psicoactivas, porque el consumo de elementos naturales o sintéticos, de producción farmacológica o de elaboración ilícita, que modifican el sistema nervioso central, ya sea para estimularlo, deprimirlo, tranquilizarlo o alucinarlo, se ha presentado perennemente. Lo que van cambiando son las sustancias, los modos de usos y las dificultades que conllevan.

El tema –entonces– y tomándolo con responsabilidad, es saber cuáles son los problemas que nuestro país tiene respecto del consumo y abuso por un lado, y cuáles son los problemas que se vinculan con el tráfico ilícito de drogas, y al desvío de precursores y actividades conexas. Qué le corresponde al derecho penal y qué al derecho no penal. Cuándo es un tema sanitario, de promoción de estilos de vida saludables y de prevención o de asistencia a las adicciones, o de reducción de daños. Cuándo lo es de las fuerzas policiales o de seguridad, de medidas de control. Los problemas derivados de la demanda y de la oferta ilícita de drogas conforman un mundo en el que no hay lugar para el voluntarismo, para el lenguaje aproximativo ni para la manipulación. Un mundo trágico y punzante. Ningún consumo abusivo es motivo de celebración, como no lo es un laboratorio clandestino de elaboración de cocaína o de éxtasis. Dicho lo que antecede, un mínimo respeto por la materia obliga a no combinar peras con días jueves como si se tratara de entidades comparables.

Debatir públicamente la descriminalización de la tenencia para consumo personal de determinadas cantidades de estupefacientes, sin que ello implique daños a terceros, que la Corte ha declarado compatible con la Constitución, no autoriza a emplear erróneamente datos inexactos para fundar el criterio penalizador.

Se suele afirmar que “… según las Naciones Unidas, el 2,8 por ciento de las personas adultas en la Argentina consume cocaína con regularidad (aproximadamente 1 millón de personas) y más del 8 por ciento consume marihuana, niveles de prevalencia líderes en la región y similares a los de Estados Unidos y España”. Es necesario aclarar que, en el Informe mencionado, la cifra del consumo de cocaína es del 2,6 por ciento, que equivale a unas 444 mil personas y del 7,2 por ciento de marihuana. Por añadidura, esas cifras son del año 2006, siendo que el país ya le había informado al Organismo los datos del año 2008, que ubica el consumo de cocaína alrededor del 1 por ciento, magnitud confirmada en la estimación del 2010.

No es cierto, por consiguiente, que “el narcotráfico hizo de la Argentina el primer consumidor de cocaína y marihuana por habitante de América latina”, tal como se escribe, dice y repite. Habiendo precisado lo que antecede, estamos muy lejos de negar la existencia de un problema serio, y no estamos cómodos frente a los niveles de consumo alcanzados. Es nuestra obligación denunciar la utilización de cifras inexactas, cuando la actitud responsable es no llevar el miedo hasta la frontera de la ignorancia para transformarlo en el terror que, con tanta asiduidad, prefiere las soluciones institucionales duras por sobre las correctas. Se ha dicho en Uruguay: “La política de seguridad no puede estar construida sobre el temor, ni ser una respuesta intempestiva a éste”. Acordamos y promovemos que la despenalización, cuando llegue, debe ser acompañada por una mayor energía en materia penal contra el delito económico del narcotráfico, pero no contra el eslabón menos relevante (que de todos modos permite cumplir con la estadística policial) de la cadena. Las leyes no deben promover que a los que deben instar su aplicación les alcance con lo más cómodo (cuando no lo ilícito, pero redituable) por sobre lo más efectivo.

Es también cotidiano asociar cierto tipo de sustancias con la violencia e inseguridad. Así, se alimentan con más bambolla que evidencia empírica los estereotipos que enlazan a los pobres con el paco, al paco con el delito y a los perjudicados con las clases medias. Pobreza, crimen y droga, el nuevo esperpento goyesco de este siglo; “feos, sucios y malos”, como el título de aquella película neorrealista de Ettore Scola. Los datos disponibles indican que no todos los delitos son atribuibles al abuso de drogas, menos aún los homicidios. Al respecto se informa que no existen estudios que permitan evaluar la influencia del uso indebido de sustancias en el incremento del delito común y en su agresividad. Sin embargo, es posible informar acerca de los resultados del Estudio Nacional en Población Privada de Libertad en recintos penitenciarios provinciales del país que esta Secretaría de Estado realizó en el año 2009. Esos datos estarían indicando que los delitos que se cometieron están mayormente asociados con el alcohol y con las pastillas.

Nos encontramos entonces con una realidad que nos muestra concomitantemente a adolescentes de clases medias que abusan de alcohol, que mezclan con bebidas energizantes y pastillas tipo éxtasis, accidentes de autos y motos, muertes prematuras, intoxicaciones alcohólicas, sobredosis en los espacios donde debieron divertirse y enamorarse (espacios públicos que junto con el barrio son un factor clave de socialización). Adultos que consumen cocaína o benzodiacepinas para sostener la performance social de alta exigencia, el éxito laboral y familiar. Adultos y jóvenes deprimidos, sin horizonte y con sus vidas a cuestas. Adultos y jóvenes que consumen ocasionalmente, como complemento de espacios recreativos, creativos, lúdicos. Marihuana, cocaína, alcohol eventualmente acompañan estos espacios. Pero donde aparece el paco como marca de agua, esa que atraviesa todos los relatos de una historia, el consumo siempre es una síntesis feroz de todos los fracasos, de todos los abandonos y las malas praxis.

La oficinesca y apoltronada propuesta de sancionar pecuniariamente por la vía administrativa a cada uno de estos sujetos, ¿cómo se cristaliza? ¿Cómo volver semejante lo que intrínsecamente es diverso? No se trata de obligar a iniciar un tratamiento o a pagar multas, porque no siempre hay un sujeto. No es volición, es posibilidad. La desazón más grande de la adicción es la negación consciente o inconsciente de “formar parte”, de “estar” en determinadas condiciones. Es una fisura, que atraviesa lo personal y lo social. Todas las ideas son bienvenidas, pero en esta materia no lo son tanto las que se sabe impracticables e inconducentes. Esta es una materia cuya dinámica obliga al Estado muchas veces a correr el fenómeno desde atrás; nada hace aconsejable considerar una buena estrategia ceder la iniciativa a lo que debemos afrontar y enfrentar.

La especificación de las cantidades de drogas a partir de las cuales se define la tenencia para consumo o para tráfico es un aspecto que no tiene soluciones únicas (es una lástima, porque si lo tuviera todo sería más fácil) ni consenso internacional. En Portugal, por ejemplo, la definición se establece a partir de la cantidad por tipo de sustancia que la persona necesitaría para consumir durante diez días. Los especialistas reconocen la relativa utilidad de estas convenciones, que varían según países, porque siempre la evaluación de la cantidad que una persona tenga o porte, no puede estar disociada de información de contexto en cada hecho puntual.

Para finalizar, en Villa Palito (La Matanza) un acreditado referente social relata que una madre, frente al féretro de su hijo muerto en forma violenta, consumidor consumado y consumido, le gritaba, pasándole la mano por el rostro: “¡¿No te alcanzó con mi amor?!”. En ese instante llegó el papá al velatorio, separado de la mamá, consumidor a su vez. La mujer, mutilada en sus sentimientos, le aferró la mano y la restregó sobre el rostro del hijo muerto de ambos: “¡Esto era todo lo que te pedía, una caricia, eso era todo!”. También en La Matanza, preguntada para que manifieste cuál era a su juicio el elemento donde comienza el consumo abusivo, una operadora territorial contesta: “El mismo donde termina: el amor. Cuando falta sucede lo que sucede, cuando aparece, las cosas empiezan a cambiar para mejor”. Sabiéndolo de primera mano, no hay excusas para mezclar los planos político partidarios con la tragedia, ni tampoco para amaestrar ideología con datos empíricos no validables.

 “Página/12” 09-07-12

Estas dos leyes nacionales (la Ley 26.567 dispone la venta de los medicamentos en la farmacia y la ley 26.687 de control de tabaco) son claros ejemplos en favor de la salud de la comunidad, sin embargo continúan sufriendo la negativa de parte de varios sectores de poder.

Existen leyes nacionales que no son reglamentadas por el Poder Ejecutivo de algunos municipios, por lo tanto este hecho no es un veto visible y palpable pero si encubierto, al no reglamentar se hace que una norma se cumpla parcialmente o directamente no se cumpla, es por ello que resulta necesario una toma de conciencia de la sociedad a través de la cual se exija que esto no ocurra; de estos casos podemos dar un sin número de ejemplos, pero si nos enfocamos en el plano de la salud lo que más se destaca es lo que ocurre con los medicamentos (Ley nacional 26.567) o con los espacios libres de humo de tabaco (Ley Nacional 26.687 sobre el control de tabaco).

En lo que respecta a la Ley Nacional 26.567 deberíamos comenzar considerando que el farmacéutico forma parte del equipo de salud, por lo tanto su rol profesional hacia la comunidad es fundamental, implicando una vocación de servicio al prójimo, brindando contención, información útil y seguridad en el manejo del fármaco, diferenciándose de un comercio en que estos buscan incrementar sus ventas alentando el impulso del consumidor, al cual ven como un simple cliente, mientras que el farmacéutico lo ve como un paciente, en donde decidirá en función de su sapiencia si es conveniente o no para su salud alentarlo en la adquisición de un determinado medicamento. También deberíamos recordar que a nivel universitario un profesional de la salud es preparado para intentar buscar una solución al problema de salud y no para lograr un simple acto mercantil.

Sin embargo, en nuestro país, existen algunas autoridades y/o legisladores que consideran a las farmacias como un comercio, ignorando que en realidad son establecimientos sanitarios; mientras esto siga sucediendo continuaremos por un camino equivocado, que será padecido por el consumidor con resultados negativos para su salud; sería diferente y muy necesario considerar a las farmacias como un centro sanitario, que están atendidos por profesionales de la salud y que constituyen un eslabón fundamental del sistema de atención sanitaria dirigido a la población y en beneficio de esta.

La falta de aplicación de la legislación por quienes deben realizarla dará como resultado final un atentado contra la seguridad y la salud de la población. En mi opinión, un ejemplo clásico de lo que no debe suceder es el veto del Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (a la ley 4015), este es el caso de la negativa por parte del Ing. Mauricio Macri de que la Capital Federal adhiera a la Ley Nacional 26.567, lo que había sido aprobado por los Legisladores porteños.

Mientras las decisiones sean tomadas de una manera irrazonable por quienes desconocen del tema, o quizás porque estén mal asesorados, conducirá siempre al mismo camino, y en el final quien se verá más afectado será el consumidor e irá en detrimento de una mejor salud.

El argumento del Jefe de gobierno es muy claro, y consiste en considerar que los medicamentos se deben vender en cualquier comercio, haciendo prevalecer lo económico sobre la salud de la comunidad en general; en contraposición las cifras indicadas por diferentes investigaciones son contundentes, con ellas se demuestra que este tipo de políticas lleva a que aumenten las intoxicaciones, la automedicación, el número de hospitalizaciones, el gasto de la seguridad social, etc.; por todo esto es lamentable el pensamiento y accionar del Jefe de Gobierno porteño Ing. Mauricio Macri, hasta lo podría definir como extraño, debido a que es sumamente contradictorio, además estas contradicciones aumentan cuando sus propios legisladores (Diputados del PRO) fueron fervientes defensores de la ley nacional que prohíbe la venta de medicamentos fuera de la farmacia; la pregunta que cabe hacerse en esta situación es ¿Por qué a nivel nacional actúan de un modo y donde ellos gobiernan actúan diferente?, es decir, existen argumentos y accionares que demuestran una enorme contradicción que es difícil de entender y/o comprender para el ciudadano común.

Las políticas mundiales en materia de salud tienden a proteger la integridad física y sanitaria de las personas, es por ello que sería muy saludable que de una buena vez todos los dirigentes, legisladores y/o gobernantes concluyan que lo primero es la salud del pueblo y se trabaje en ese sentido, es decir debería haber un Estado presente y no ausente; los ejemplos de lo que sucedió en nuestro país son muchísimos, no deberíamos volver a repetir la historia, ya es bien sabido lo que ocurre cuando se permite que los medicamentos de venta libre se comercialicen en cualquier comercio, ante esta libertad ocurrió que hasta los de venta bajo receta se vendían en lugares no acordes teniendo esto una gravedad mucho mayor. Lo mismo ocurre con las cadenas de farmacias quienes utilizan las góndolas para medicamentos, y esto es sinónimo de Kiosco; un bien tan preciado como es el fármaco no debe ser exhibido como una simple mercancía, por que conduce a la automedicación con resultados nefastos para la salud; cabe recordar que el medicamento es un bien creado por el mismo hombre para mejorar su calidad de vida, al que lo podríamos comparar con un cuchillo, bien usado y en las manos adecuadas es maravilloso, pero el mal uso del mismo puede matar. Lo recomendable es que los medicamentos estén en la Farmacia, en donde el farmacéutico realiza lo que se denomina atención farmacéutica brindando una amplia información a quien lo requiera con el solo objeto de optimizar los resultados terapéuticos.

En la otra situación planteada (Ley Nacional 26.687), la industria tabacalera durante muchísimos años se encargo de interferir y dilatar el tratamiento del tema, no obstante el Congreso de la Nación sancionó en Junio de 2011 la Ley Nacional Nº 26.687, la misma es una ley cabal sobre el control del tabaco que incluye temas muy importantes para mejorar la salud de la comunidad en su más amplia expresión; dentro de las principales medidas que reducen el consumo de este “asesino silencioso” se pueden destacar la implementación de ambientes 100% libres de humo de tabaco, la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, así como favorece la adopción de advertencias sanitarias con pictogramas en los paquetes de cigarrillos; además, contempla otros puntos importantes como son el desarrollo de campañas de comunicación y educación, la prohibición de venta a menores, la prohibición de venta de cigarrillos sueltos y de máquinas expendedoras, etc.

Desde toda óptica, la sanción de esta ley es un avance trascendental en pos de la salud de todos los argentinos, viciada en favor de la vida, sin ningún tipo de discriminación, por lo que como ciudadanos comunes deberíamos celebrar y nuestros dirigentes ejecutarla como tal.

El tabaquismo es una epidemia que trae graves problemas a la salud pública, por lo tanto sería muy saludable actuar en consecuencia y en congruencia con las leyes vigentes.

El 13 junio de 2011 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley Nacional de Control de Tabaco, en un acto público en la casa de gobierno, y al día siguiente fue publicada en el boletín oficial; a pesar de todo existen algunos municipios que no han establecido sus correspondientes decretos no entendiéndose la actitud de los mismos, cuando la razón indicaría actuar en armonía con esta ley, cuyo objetivo principal es claro y contundente: la salud de la población.

Existen algunas estadísticas que indican que esta enfermedad mata a más de 40.000 personas al año en nuestro país, siendo la prohibición de publicidad, los ambientes 100% libres de humo de tabaco y la inclusión de advertencias sanitarias con pictogramas en los paquetes de cigarrillos medidas probadas para disminuir el inicio en el consumo en los adolescentes, llevando paulatinamente a la sociedad, en su conjunto, al abandono del hábito.

Es decir, es muy evidente que existen dos líneas de pensamientos muy marcadas, por un lado la de los legisladores que llevaron adelante un debate profundo y serio para buscar dos proyectos (Ley de medicamentos y Ley de control de tabaco) que garanticen las mejores condiciones de salud para toda la población, y por el otro existen Ejecutivos que miran para otro lado, cuando son ellos quienes deben gobernar para la mayoría, quienes reclaman un derecho indiscutible como es el de una mejor salud.

Dr. Juan José Prieto, Farmacéutico

Farmacéutico Nacional -1993- UNSL

Matricula 13826 -Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As.

Publicado en Bureau de Salud