Para Tribuna de Clarín por Esteban Lifschitz

Aunque sea antipático hablar de dinero cuando se trata de salud, es inevitable hacerlo. El foco no debe estar en los costos pero si las tendencias no se revierten, en 15 años tres cuartas partes del gasto en salud se van a concentrar en unos pocos medicamentos para pocos pacientes y restarán mínimos recursos para cubrir el resto.
Merecemos una discusión sobre la verdadera utilidad de los nuevos medicamentos (que son siempre más caros). Existe una tendencia a creer que lo nuevo siempre es mejor, pero no es así. Los medicamentos de alto costo (MAC), más allá de cuánto cuesten, primero debemos estar seguros que sirven. Ese análisis lo realiza ANMAT y es la única barrera (evalúa calidad, eficacia y seguridad) que debe sortear una tecnología. Aquel medicamento que no logre sortear esas barreras no debiera autorizarse para su venta. Si no sirve, ni regalado. Pero si las atraviesa exitosamente es deseable que logremos madurez para discutir sobre dinero, sobre todo en los MAC, que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud.
En diversos países existe otra barrera donde se define si serán cubiertos por el sistema de salud. Allí se analiza la relación entre el costo y el beneficio en término de resultados en salud. Porque no es lo mismo que un medicamento para el cáncer alivie el dolor o prolongue la vida. Tampoco es igual que mejore quince días la sobrevida o dos años. Y no debiera ser igual el precio que estemos dispuestos a pagar por cada uno de esos escenarios. ¿Es necesaria esta barrera?
¿Acaso lo que un médico le indica a su paciente no es lo que éste necesita? No siempre es así, pero entonces si la obra social o prepaga rechaza cubrir dicho tratamiento, es entendido como una restricción en el acceso a la salud, derivando en cada vez más casos de litigios para conseguir un medicamento. Y lejos de ser una solución, la judicialización es el fracaso del sistema de salud en su conjunto. Aunque los jueces crean que cada vez que obligan a una prepaga u obra social a cubrir un tratamiento están fallando a favor del paciente. Debemos aspirar a que cuando algo sea realmente necesario, no solo accedan quienes tengan posibilidades de realizar una presentación judicial. Porque cuando un beneficio no es para todos no se trata de un derecho sino de un privilegio.
Existen experiencias exitosas de esas cuartas barreras que vale la pena replicar. Así es en Inglaterra, Australia y en Colombia. En Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos brinda cobertura gratuita en una serie de medicamentos y procedimientos de alto costo para todos aquellos que presenten la misma necesidad, tengan cobertura pública o privada.
En Argentina debemos avanzar hacia la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías que defina qué medicamentos/tecnologías deben ser cubiertos una vez aprobados por ANMAT. Esta entidad definiría los protocolos de tratamiento, qué profesionales estarían en condiciones de prescribirlos y qué características debiera reunir un prestador para llevarlos adelante. Y sus resoluciones debieran ser de aplicación para todos aquellos que pagan por los tratamientos de esos pacientes.

Esteban Lifschitz / Médico. Consultor en políticas sanitarias

Fuente: Clarín

El ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, sostuvo hoy ante la 68º Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunida en Ginebra (Suiza) que “la salud es un derecho humano esencial y por lo tanto no puede ni debe estar regulada por las reglas del mercado”, en referencia “al devastador impacto” que tiene la financiación de medicamentos de alto costo.
El ministro de Salud, Daniel Gollan, expresó hoy que “la magnitud del gasto en medicamentos de alto costo representa el principal condicionamiento a la hora de contar con los recursos necesarios para sostener nuestros sistemas sanitarios”, tras su discurso ante sus pares de todo el mundo en la 68ª Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra.

El funcionario explicó, en diálogo con Télam, que los fondos derivados a este tipo de tratamientos de baja incidencia “van en detrimento de políticas masivas, como la inversión en sistemas de cobertura universal, la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles o las estrategias de vacunación masiva”.

Los elevados precios de los medicamentos complejos “nos están desfinanciando a los sistemas y nos impiden utilizar fondos cuantiosos que deberían direccionarse hacia la atención primaria de la salud”, aseguró Gollan, y añadió que si se hace el cálculo del promedio del precio de todos los medicamentos más utilizados en el mundo, “el costo es tan sólo de 18 dólares, pero en el promedio de los medicamentos biotecnológicos, ese costo se eleva a 800 dólares”.

El titular de la cartera sanitaria reafirmó que “resulta imprescindible realizar un estudio fehaciente de los costos de investigación y desarrollo que aducen los laboratorios para fijar semejantes precios. Es incompatible plantear un sistema de salud financiable, lógico y racional, cuando se nos exige pagar enormes costos por tratamientos tan caros”.

Para hacer frente a este problema, consideró que los países tienen que “fortalecer y utilizar más mecanismos como el Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico de Medicamentos que nos provee en nuestra región la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

“El impacto de estas herramientas ha sido enorme para nuestros sistemas ya que hemos logrado reducir enormemente el costo de tratamientos muy costosos como el del VIH, y son miles las personas que hoy viven gracias a los medicamentos genéricos”, precisó el ministro.

“A mi entender, los organismos internacionales como la OMS o la OPS deberían coparticipar en la conformación de fondos para la investigación y desarrollo de medicamentos producidos por los sistemas públicos”, consideró Gollan.

Más temprano, el ministro afirmó ante la Asamblea que “la salud es un derecho humano esencial y por lo tanto no puede ni debe estar regulada por las reglas del mercado”, en referencia “al devastador impacto” que tiene la financiación de medicamentos de alto costo.

“Es necesario hallar mecanismos regulatorios y de financiación de la investigación, el desarrollo y producción de nuevos fármacos que posibiliten precios razonables para poder cumplir el objetivo del acceso universal”, puntualizó el funcionario ante los representantes de los 194 países que asisten a la asamblea, órgano decisorio supremo de la OMS.

La denuncia, que apunta particularmente a los medicamentos biotecnológicos, refiere al “devastador impacto” para los sistemas nacionales de salud del financiamiento de los medicamentos de alto costo y baja frecuencia; destacó el valor social de la vacunación y expresó su preocupación por la epidemia de sobrepeso y obesidad.

El titular de la cartera sanitaria nacional precisó que “herramientas eficaces” como los fondos rotatorios y estratégicos “están ayudando a resolver problemas de accesibilidad a medicamentos”, pero advirtió que se trata de una problemática “de alcance regional y mundial” y remarcó que “si estos procesos continúan desarrollándose bajo la lógica del mercado y de una altísima tasa de rentabilidad, será imposible conseguir” el objetivo del acceso universal a la salud.

Durante su intervención en la Asamblea, Gollan destacó el papel de la OMS en el “liderazgo del plan mundial de vacunación” y aseguró que Argentina cree “en el valor sanitario y social que representa contar con un calendario oficial de vacunación completo y accesible para toda la población sin barreras de ningún tipo”.

En ese aspecto, destacó que “este año incorporó la vacuna número 19, gratuita y obligatoria para toda la población” y que “13 de las 19 vacunas se agregaron en la última década”.

Además, mencionó el rol central de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y su impacto en la salud.

“Nos encontramos preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad que crece en nuestras poblaciones y en particular afecta a nuestros niños y adolescentes, condicionando la salud de las generaciones actuales y futuras”, sostuvo el ministro al explicar que Argentina “avanzó fuertemente en la adopción de medidas tendientes a reducir la obesidad y otros factores de riesgo desde la promoción y prevención”.

Tras considerar “imprescindible una acción activa y permanente de los Estados como reguladores y promotores de entornos saludables para el mejor vivir”, el ministro advirtió que “no se debe dejar esta seria problemática sanitaria librada únicamente al arbitrio de las conductas individuales y estilos de vida de la población”.

Fuente: OMS

Por Miguel Ángel Flores Isuani

Lejos de resignarse al fallo del supremo Tribunal de Justicia de Mendoza que implícitamente avala la fusión de la cadena Del Águila con Farmacity, las cámaras que agrupan a la mayoría de las farmacias de la provincia prometen mantenerse atrincheradas para resistir a la cadena internacional, aunque la guerra trascienda la jurisdicción provincial. Es que ya decidieron apelar la sentencia ante la Corte nacional, en la causa que iniciaron también contra el Gobierno local tras el arribo en 2008 de Farmcity, a la que tildan de “monopolio despersonalizado” así como de tener “sede en un paraíso fiscal”.

Cabe recordar que el 22 de abril último la Corte mendocina había fallado a favor de los intereses de Farmacity, al declarar la caducidad de la causa que habían sustanciado en su momento el Colegio Farmacéutico de Mendoza, la Cámara de Farmacias , el Centro de Empresarios Farmacéuticos de Mendoza.

Según el dictamen, el plazo para presentar pruebas se había vencido, lo que las entidades objetan aferrándose a su principal argumento: la violación de la ley por parte de Farmacity al no concretar la transferencia del fondo de comercio de los locales adquiridos (Mitre/Del Aguila).

“Seguiremos bregando administrativa y judicialmente para que se cumpla el régimen legal del sector farmacéutico provincial, en resguardo de la seguridad en el manejo de drogas y medicamentos de Mendoza”, afirmaron las entidades en un comunicado acerca del conflicto judicial que involucra al Gobierno provincial. 

Entre los recursos legales está -en base al mencionado comunicado- el  “llegar a la Corte Suprema de la Nación, a fin de evitar que monopolios internacionales despersonalizados, muchos con sedes en paraísos fiscales, manejen los medicamentos y drogas en la Provincia, poniendo en riesgo la salud y seguridad pública de la población, en violación del orden jurídico nacional, respecto a transferencias de fondos de comercio y farmacéutico provincial así como de condiciones para el establecimiento de farmacias y manejo de drogas”. 

En ese carácter, los directivos de las cámaras locales objetaron la fundamentación del fallo y reafirmaron que irán a la máxima instancia de apelación de la Justicia argentina al ponderar errores del Tribunal mendocino. 

“Cuestionaremos la caducidad, porque el primer error es que el plazo no se venció. Se interpusieron medidas durante el juicio y un pedido de designación de peritos al que no se le dio cabida como si se admitió una chicana de los abogados de Farmacity, con las consecuencias que implica”, explicó Luis Salvi, presidente del Colegio Farmacéutico.

Ayer, la cúpula de Farmacity en Buenos Aires debatía la postura a adoptar pero a última hora de la tarde la única respuesta a la consulta de este diario fue el silencio. Por su parte, Ismael Farrando, abogado de la parte actora, tras remarcar que se busca “la nulidad de la ilegítima transferencia de Farmacias Mitre a Del Águila SA”, aseguró en un escrito que la Corte “no ha resuelto de modo alguno el fondo de la cuestión” y, a pedido de Del Águila, usó “un atajo procesal inadecuado”.

Para Farrando, el fallo cuestionado no implica que “hayan perdido validez normas que rigen el ejercicio de la actividad y la transferencia de fondos de comercio en la provincia, que determinan categóricamente los requisitos”.

Sólo dos por cliente

En realidad, el fondo de la cuestión, tal como se plantea, está basado en dos pilares. Uno es que el marco regulatorio exige transferir el fondo de comercio, cuyo incumplimiento endilgan a Farmacity al comprar a Del Águila. 

Según Salvi, “intentaron incorporar 17 sucursales de Mitre como aporte de capital, pero debió hacerse luego de la transferencia.  La ley es taxativa y, en este caso, se violó”. La ley 7303 de 2004, que regula a las sociedades colectivas o de responsabilidad limitada del sector, fija hasta 2 farmacias por persona física o ideal como tope, pero la cadena cuestionada, al comprar Del Águila y Mitre, explota 21 sucursales. 

“No podrán habilitarse más de dos con el mismo o muy similar nombre de fantasía, aunque se trate de franquicias que pertenezcan a dueños  diferentes”, dice el artículo 2 de la norma que, sin embargo, admite una excepción: la apertura en zonas rurales “o suburbanas de baja densidad demográfica, y localidades que no cuentan con estos servicios”.

Sin embargo ¿qué pasa con las restantes farmacias con más de 2 bocas en Mendoza? La interpretación es que en tales casos (Mori, Mesura o Del Centro son algunos ejemplos) quedan exceptuadas por ser preexistentes a la ley, no así Farmacity, que llegó en 2008. Salvo, que lo haga bajo las marcas Mitre o Del Águila .

Fuente: Los Andes
http://www.losandes.com.ar/article/camaras-farmaceuticas-van-a-la-corte-nacional-contra-farmacity