Francisco José Barberá Molina es gerente de una pequeña farmacia en el centro de Alicante. El suyo es uno de los 786 establecimientos de la provincia agobiados por la deuda que la Conselleria de Sanidad arrastra con el sector desde hace más de medio año, unos impagos que en el conjunto de la Comunidad alcanzan ya los 500 millones de euros.
En su caso, calcula que la Admnistración habrá dejado de pagarle unos 250.000 euros, unas cantidades que él ha tenido que abonar a base de pólizas y créditos. Aunque reconoce que, por el momento, ningún suministrador se ha negado a dispensarle medicamentos, tiene muy claro que no va a endeudarse más para conseguirlos. “He tenido ofertas de varios bancos para facilitarme más pólizas, pero no quiero, cuando no pueda pagar y me nieguen el suministro, pediré que me hagan un certificado de desabastecimiento y dejaré de servir”.
Percepción social
En su opinión, la agónica situación del sector no ha calado lo suficiente en la sociedad valenciana, que continúa mirando a los farmacéuticos con cierta displicencia, por ser éste un colectivo históricamente acomodado. “Aunque eso pudiera haber sido cierto hace dos generaciones, cuando se pensaba en el farmacéutico, el cura y el médico como los más privilegiados del pueblo, la situación es bastante distinta actualmente”, apunta Barberá, quien añade que “no todos los farmacéuticos somos millonarios“.
Procedente de una familia sin tradición galena, este alicantino recuerda los sacrificios que ha tenido que realizar desde que acabó sus estudios y compró en 1991 una farmacia en Balones, un pequeño pueblo en el interior de la provincia. Diez años después adquirió junto a un socio este establecimiento en la capital, que actualmente regenta desde haber comprado la otra mitad de la propiedad a ese colega. “Toda mi vida laboral ha sido a base de créditos e hipotecas, pero iba pagando con normalidad. Ahora, desde que han empezado los imagos sigo empeñado y así moriré, porque todo es a base de talonario”, apunta.
‘Se está hundiendo al sector’
Francisco Barberá no oculta su malestar con la Generalitat Valenciana, de la que denuncia públicamente su “irresponsabilidad” y su “poca vergüenza”. Critica que la Conselleria de Sanidad se sirva de la Ley del Medicamento para “colgarnos el muerto de su incompetencia”.
Y es que, mientras que los laboratorios o los mayoristas tienen una relación contractual, las farmacias están obligadas legislativamente a dispensar medicamentos mientras puedan abastecerse y tampoco se contempla la posibilidad de cobrar el medicamento a los ciudadanos.
La conclusión de Barberá es contundente: “Nos obligan a salir a la palestra, a seguir comprando medicinas que ellos (la Admninistración) recetan y registran con el cobro de los impuestos correspondientes, sin que su incumplimiento en los pagos les repercuta de ninguna manera. Ellos salen indemnes, mientras nuestro destino es arruinarnos“, afirma.
Problemas endémicos del colectivo
Tampoco ayuda el “individualismo” y la “apatía” del colectivo, así como un exceso de pudor de los farmacéuticos a reconocer públicamente su situación. “En las asambleas ves a gente llorando, al límite, muchos en concurso de acreedores, pero después no nos quejamos, no protestamos. Si fuéramos médicos ya estaríamos todos en pie de guerra”, asegura Barberá.
La consecuencia de esta falta de reacción provoca, considera, que la Admnistración no les tome en serio. “Como nadie demuestra realmente lo mal que está, la Conselleria cree que aún podemos aguantar un poco más, y en vez de dejarnos a deber cinco meses, lo alargan a siete”.
Situación límite
La farmacia de Francisco Barberá presta servicio a los barrios de San Antón alto y bajo, un vecindario de clase trabajadora, con muchos jubilados antiguos trabajadores de la Fábrica de Tabacos. El 90% aproximadamente de venta es por receta y el 10% restante es libre. Un impago en estos casos, del mismo modo que ocurre en las farmacias rurales, supone “el caos absoluto”.
A la deuda del Consell se añade la reducción del márgen de beneficio que el farmacéutico obtiene por los medicamentos de un precio superior a los 140 euros. “No es lógico invertir casi 6.000 euros en un medicamento, que no sabes ni cuando lo vas a cobrar y que encima sólo saques un margen de beneficio de 30 euros“, explica Barberá sobre una venta real en su farmacia a un enfermo de cáncer de estómago.
No cree que haya una solución pronta al problema, aunque considera que la Generalitat tampoco se ha esforzado en plantearlas. Subraya como otras comunidades autónomas han animado a los farmacéuticos a pedir préstamos, con la Admnistración como aval y como responsable de los intereses. “Una solución de ese tipo podría servir, pero bien hecha, no de la manera que se hizo en Murcia, en la que los farmacéuticos tenían que responder con su propio patrimonio”. De sus compañeros espera una respuesta firme si Sanidad no paga lo que debe y anima en las próximas elecciones a pronunciarse en las urnas contra un Gobierno que, cree, les ha dejado “tirados una y otra vez”.