Un paciente casi siempre confía o desea confiar profundamente en su médico. Mucho más si la enfermedad es grave. Por eso, si este profesional sugiere un medicamento novedoso, que posiblemente quien lo necesita no pueda costear por sus propios medios, hará lo que sea necesario para obtenerlo.
El que sigue es un caso local que atendió la Defensoría del Paciente y cuya identidad del afectado es preservada en razón de la norma que resguarda la intimidad de las personas enfermas.
Enbrel es un medicamento para la artritis reumatoidea autorizado en enero pasado por la ANMAT para ser comercializado en el país. En abril fue prescripto por un médico de Luján a una persona con una obra social de medianos recursos que negaba la cobertura.
Cada ampolla en Argentina cuesta alrededor de $20.000 y debe ser suministrada una por semana durante un mes y medio. Así, todo el tratamiento costaba $120 mil. Una vez determinada la necesidad terapéutica para el paciente, la defensoría empezó una serie de averiguaciones sobre el medicamento y determinó que el mismo profesional solía recetar esa marca con frecuencia. De todos modos, luego de negociar directamente con el laboratorio fabricante, se consiguió un precio tres veces menor.
Pero esa rebaja en realidad no fue por generosidad, sino que significó una muestra de la enorme rentabilidad que obtienen en un mercado que no regula precios. Pero, además, cada laboratorio cobra más en Argentina en comparación con otros mercados latinoamericanos.
En diciembre del 2011, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica realizó un estudio comparativo de precios para demostrar estos abusos, preocupada por el aumento del 60% del gasto sanitario en medicamentos.
Para esto, tomó una canasta básica de 18 remedios muy caros y encontró diferencias escandalosas entre Argentina respecto de Chile, Brasil, Uruguay, España e Inglaterra. Como ejemplo, en el cuadro publicado aparte se ofrece la comparación de cinco productos en dos países.
José Charreau, secretario de Acción Social de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, aclaró que el trabajo tiene vigencia aún porque los montos cambiaron pero no los criterios. Explicó también que muchas veces hicieron denuncias en el Congreso y ante el Secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, pero que no recibieron respuestas.
Charreau dijo que, “en Argentina, el criterio de los laboratorios para fijar un precio es el máximo tolerable por el mercado, porque lo pagan. Aun cuando tienen que subvencionar a una prepaga para que lo venda o convencer con descuentos al PAMI para que lo incluya en el vademécum, las ganancias son enormes. En el país no existe un protocolo de ingreso de medicamentos, nadie se fija en el costo en su lugar de origen ni tampoco su valor terapéutico, porque Moreno y su equipo no conocen el tema”.
En Brasil, por ejemplo, pagan las patentes por un tiempo para fabricarlos en el país y fijan ellos el precio. En Uruguay, los pacientes con enfermedades catastróficas están agrupados en una federación y es el Estado el que negocia con los laboratorios, y ninguno de ellos necesita debatir sobre su tratamiento. En España e Inglaterra se ponen límites a la rentabilidad de la industria farmacéutica. “Todo esto hace menos posible que los médicos reciban incentivos para recetar determinados medicamentos”, añadió.
Charreau reconoció que los agentes de propaganda médica son los mensajeros de esos regalos, pero defendió a la actividad. “El objetivo del agente de propaganda médica es informar, ética y científicamente, sobre un medicamento sin ningún tipo de condicionamiento. Estamos en contra de los incentivos a los médicos y en la ley que rige la actividad quedó expresado. Los laboratorios no necesitan agentes para hacer regalos, repartir cheques o viajes; para eso sólo hace falta un motoquero. Ahora, la industria de la farmacia es tan fuerte económicamente que puede pagar. El agente es un empleado en relación de dependencia”.
Y, para graficar la voluntad de evitar este tipo de corrupción, mostró una denuncia que se hizo ante Moreno por el costo de una vacuna de Abbott para recién nacidos que al público le cuesta más de $15 mil en Argentina, mientras que en el país de origen sólo vale $4.200, sumando los impuestos y los costos de traslado. “Nunca recibimos ninguna respuesta sobre el tema”, remarcó Charreau.
Como alternativa propusieron implementar un modelo similar al uruguayo, donde el Estado hace compras de estos medicamentos y establece protocolos para su uso, evitando así caer en negligencias o voluntariedad de la prescripción médica.
