Los medicamentos son productos sanitarios que se encuentran en permanente vigilancia sanitaria; es decir, deben estar bajo el control de un profesional, caso contrario el Estado deberá cambiar tal condición y hacerse cargo de las consecuencias.
por el Farm. Prieto Juan José*
Mat.:13826
El artículo 1º de la ley 17.565 (modificado por la ley 26.567) impide la exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas, de esta manera se le da un marco legal para evitar que los fármacos estén al alcance de la mano del consumidor; transformando a esta norma en un ejemplo cabal de las buenas intenciones de proteger la salud de las personas.
Sin embargo existen algunos proyectos (Ej. Diputado Helio Rebot –PRO-) que bajo el argumento de una mayor accesibilidad al medicamento alimentan el negocio de algunos sectores empresarios, cuyos socios/inversores seguramente estarán ligados a algún gobernante (caso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), en donde se evidencia que los NEGOCIOS son puestos por encima de la salud de la población, mostrando que la CABA pretende ir en contra de lo que establece la Constitución Nacional (en cuanto a la protección de la salud y del bienestar de las personas).
La gran paradoja que suele observarse es la gran ambigüedad que existe en muchos legisladores, por un lado plantean que la automedicación es un flagelo a nivel mundial, con franco crecimiento en la Argentina, que pone en riesgo la salud de la población, y por otro generan proyectos que pretenden liberar la venta de los medicamentos, buscando que aumente el número de productos que salgan del control profesional, poniéndolos bajo la supervisión de un Kiosco, supermercados, estaciones de servicios, ferias y otros lugares similares en donde la historia ha demostrado que irá en desmedro de la salud de quien los consuma, aumentando la automedicación, las intoxicaciones, el número de hospitalizaciones y por ende aumentará el gasto de la seguridad social; es decir, es más que evidente que se intenta favorecer a un sector minúsculo, que para el caso planteado terminará generando un sin número de situaciones adversas para el consumidor y por decantación para el sistema sanitario.
Ese “pequeño” sector (empresarios) que pretende lograr que se sancionen este tipo de leyes quieren legitimar sus intenciones de expandirse con más bocas de expendio en todo el país, llevando su avaricia a permitir la industrialización de la automedicación, algo sumamente peligroso para la salud de la población en general, por que se estaría favoreciendo el uso irracional de los medicamentos.
Por ello, es más que evidente que existe una cierta convivencia entre algunos laboratorios, cadenas y bloque de legisladores para quienes la salud es lo de menos, la intención es clara: favorecer sus propios intereses económicos; a todo esto se le suma las decisiones del Jefe de Gobierno de la CABA Dr. Mauricio Macri quien utiliza el poder de Veto cuando las determinaciones democráticas no son de su agrado (en noviembre de 2011 la mayoría de los diputados votó la sanción de la adhesión a la Ley Nacional 26.567, días después Mauricio Macri vetó la ley 4.015 a través del decreto 670/11).
Ante esta situación cabe preguntarse, ¿Cómo se explica que una Ley Nacional-26.567- no pueda ser aplicada en la Ciudad de Buenos Aires?, ¿Cómo argumentar algo que está totalmente demostrado?; por un lado expresan que los medicamentos deben estar controlados en una farmacia y por otro pretenden llevarlos al sector K (Kioscos, estaciones de servicios, ferias, etc.) en donde difícilmente se los controle en cuanto al modo de conservar los alimentos, menos aún de un medicamento.
Otro caso es el de Farmacity, quien ha sido recientemente intimada por el Ministerio de Salud de la Nación a que retire los medicamentos de las góndolas y cumpla con la Ley Nacional 26.567.
Definitivamente deberíamos entender que el medicamento es un producto sanitario, un bien social y no un producto de consumo masivo como puede ser una zapatilla o un celular; es muy evidente que la discusión se ha centrado en el aspecto económico, en donde quienes pretenden solo hacer negocios sin importarles la salud no tienen en cuenta la seguridad o el riesgo que significa el consumo abusivo de fármacos. El aspecto económico siempre estará presente, de hecho detrás de todo descubrimiento científico hay un interés económico, pero es muy evidente que los avances, en materia del medicamento, han aportado a una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas a nivel mundial. Acá la discusión debería pasar por que el medicamento esté en manos de quien se profesionalizó al respecto y los resultados, en el área de la salud, serán más favorables que si están en manos de quien no corresponda.
Por un lado es comprensible que los laboratorios intenten recuperar sus inversiones, pero por otro resulta muy grave que se pretenda sacar del medio al profesional para lograr dinero a cualquier costo, cuando el Farmacéutico es el facultativo que brindaría la información necesaria para evitar una potencial muerte.
Según un informe de una encuesta realizada recientemente por la COFA (Confederación Farmacéutica Argentina), que muestra el comportamiento de la población frente a la adquisición y consumo de los medicamentos de venta libre, surge que:
*.-el 82% de la población los consume y
*.-el 18% lo hace diariamente, como si padecieran una patología crónica.
Por todos los motivos planteados es prioritario que el Estado esté presente, es quien debe arbitrar entre los intereses económicos de los laboratorios y/o empresarios y el interés sanitario de la población, debe apoyar o liderar acciones tendientes a educar a las personas en el uso racional de los fármacos; debe trabajar en favor de la calidad y seguridad de este bien social, que usado adecuadamente a mostrado resultados positivos, pero el abuso lo torna peligroso, especialmente en los de venta libre que son productos de alta rotación y que actualmente no tienen un control adecuado (por estar fuera del cauce farmacéutico).
Resulta vehemente pero es necesario repetir que los medicamentos son productos sanitarios que se encuentran en permanente vigilancia sanitaria, es decir no son caramelos o chicles, por lo tanto deben estar bajo el control de un profesional, caso contrario el Estado deberá cambiar tal condición y hacerse cargo de las consecuencias.
Según estimaciones de la OMS –Organización Mundial de la Salud- más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada, sumándole a todo esto que la mitad de los pacientes no los toman correctamente. Este uso incorrecto puede hacerse de un modo excesivo, insuficiente o indebido, ocurriendo tanto en medicamentos de venta libre como en los de venta bajo receta; por lo tanto estamos frente a una problemática que genera consecuencias negativas (resistencia a los antibióticos, reacciones adversas a los medicamentos, desperdicio de recursos económicos que genera gastos innecesarios al sistema sanitario, etc.).
Como conclusión, la problemática está instalada y la solución pasa por que los medicamentos sean manejados por los profesionales preparados y por la presencia del Estado, que para el caso de la Ciudad de Buenos Aires (y otras ciudades y/o provincias de nuestro país) está demasiado ausente.
* El Farm. Prieto Juan José escribe otras notas de interés sanitario para medios de su región, lo invitamos a leerlo en:
*.-TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS-Noticias Venado–
*.-FARMACOS CONFIABLES Y SEGUROS:TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS-Tejedor Noticias-
Comunicamos que el PAMI ha notificado que la oferta presentada por nuestra Confederación, junto a las demás Entidades de la dispensación, en la Licitación 63/12 por la continuidad de la prestación de la entrega de Pañales a sus afiliados, ha resultado adjudicada.
Estimados colegas:
