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Avanza una causa que involucra a Moyano

El juez federal Claudio Bonadio ordenó un nuevo peritaje para avanzar en la causa donde está imputado el líder sindical Hugo Moyano por una presunta estafa de la obra social de Camioneros, que él encabeza, con comprobantes falsos de medicamentos.

Dispuso que se investigara si la obra social presentó troqueles fraguados por supuestos remedios para tratar a pacientes con VIH con objeto de defraudar al Estado.

En el expediente ya se detectó que se presentaron cerca de 200 troqueles de medicamentos oncológicos que, de acuerdo con peritajes realizados, son falsos. Como consecuencia, hay un ex funcionario, un gremialista y un empresario procesados. En cuanto al líder de Camioneros, una fuente de la causa dijo a LA NACION que por ahora el caso va “por debajo de Moyano”, porque, hasta el momento, para el juzgado no hay pruebas que permitan pensar en su procesamiento.

No obstante, el expediente complica a Moyano porque su firma, como presidente de la obra social, rubrica cada uno de los legajos presentados para cobrar los reintegros junto con los troqueles.

“La Justicia debe profundizar esta investigación”, dijo a LA NACION la diputada y ex ministra de Salud Graciela Ocaña. “Hay una denuncia que yo hice sobre la derivación de fondos de la obra social hacia el patrimonio de la familia Moyano. El juzgado no ha avanzado todavía en esa línea”, afirmó Ocaña, que sostuvo que en esta causa tampoco se indagó aún en las denuncias de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre manejos irregulares entre Camioneros y el Estado.

En el expediente de Bonadio la clave está en los troqueles porque son imprescindibles para obtener de la Administración de Programas Especiales (APE) el reintegro del precio de las drogas. Según la defensa de Moyano, el líder camionero y su gremio nada tuvieron que ver. “En todo caso será un tema de las droguerías”, alegan.

En lo que respecta a los remedios para tratar el sida, fuentes de la investigación dijeron que por el momento no se acreditaron irregularidades semejantes a las detectadas con los medicamentos oncológicos, pero que el juez quiere chequear los troqueles. En materia de remedios contra el cáncer, se sospecha que la defraudación superó los 400.000 pesos.

Hasta ahora, fueron procesados en este expediente el segundo de Moyano en la obra social, Roberto Nieto; Hugo Sola, ex gerente del APE, y Marcos Hendler, de Droguería Urbana. La Sala II de la Cámara Federal advirtió que la investigación debe ser profundizada.

Moyano tiene varios frentes abiertos en la Justicia. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, lo denunció por extorsión por el paro de transportistas petroleros. Lo investigan además por sus presuntos vínculos con la empresa Covelia (que él niega), y está acusado, junto con funcionarios de la Administración General de Puertos, por la cesión realizada en favor de Camioneros de un negocio multimillonario: la entrega por diez años, sin licitación, de dos predios en el puerto de Buenos Aires y el control de los containers que pasan por ahí.

La Nación 27/08/12

En la localidad de Arroyo Dulce secuestran más de 3000 dosis de medicamentos en operativo policial

Como consecuencia de una denuncia presentada por la Oficina de Denuncias del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires ante las autoridades policiales de la localidad de Salto, se logró detener el día 16 de agosto a una persona de 43 años, que se dedicaba a la distribución ilegal de medicamentos de venta bajo receta en kioscos y supermercados.

El detenido, que tiene domicilio en la ciudad de Pergamino, fue interceptado por el personal policial en la localidad de Arroyo Dulce, luego de hacer una entrega de medicamentos en una despensa de Arroyo Dulce, partido de Salto.

 Al requisar la camioneta que utilizaba para las entregas, se encontraron cerca de 3000 dosis de medicamentos como: sertal, tafirol, buscapina, vytapirena, bayaspirina, cafiaspirina, aspirinetas y mejoral.

 El operativo contó con la presencia de los Inspectores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires quienes procedieron al secuestro de estos medicamentos.

Tomó intervención en este hecho la U.F.I.Nº 2 del departamento Judicial Mercedes a cargo del Dr. Leandro Marquiegui, con la colaboración del encargado del Destacamento arroyo Dulce, Oficial Principal Amaru Allera; secundado por el Jefe de Gabinete de Prevención Comunitaria de Salto, Fernando Cabrera.

 La causa fue caratulada “Infracción artículo 24 quinquine del Código Penal de la Nación Argentina”.

 Aunque se retuvo la camioneta que se usaba para la distribución ilegal de medicamentos, la persona involucrada fue liberada mientras continúan las investigaciones para conocer el origen de estos medicamentos destinados al mercado ilegal.

 Mientras tanto y para evitar que estos delitos se multipliquen el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires debe advertir a la población sobre los riesgos a los que se expone al comprar medicamentos en kioscos, almacenes o supermercados.

 En estos comercios no se conoce la procedencia los medicamentos, ni su legitimidad y las personas que los venden no están calificadas para hacerlo y pueden verse involucradas con quienes las distribuyen ilegalmente.

La única garantía de contar con medicamentos seguros es recibirlos de manos de su farmacéutico de confianza.

Fuente: Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires

La salud para Macri es un negocio privado

El Diputado Jorge Selser volvió a defender que la venta de medicamentos se realice de forma segura.

Ingresó a la Legislatura un proyecto del Diputado Helio Rebot (PRO) para que los medicamentos puedan ser vendidos fuera de las farmacias.
“Nuevamente el Poder Ejecutivo insiste en promover la venta indiscriminada de medicamentos en supermercados, kioskos y maxikioskos, contradiciendo la Ley Nacional 26567, a la cual adhieren todas las provincias, sancionada durante el Gobierno de Illia y la cual prohibe la venta de medicamentos fuera de las farmacias”, explicó Selser y agregó “cabe destacar que esta legislatura sancionó el año pasado la ley que adhiere a la nacional (Ley 4015)y fue vetada por Mauricio Macri por el decreto 670 – 2011, evidentemente Macri hace caso omiso de lo que piensan los farmacéuticos, la Facultad de Farmacia, la Asociación de Médicos Argentinos y en definitiva esta legislatura”, dijo Selser. “Llama la atención que este proyecto sea presentado en un momento en que la Sala Cuarta de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal exige que el grupo Farmacity cumpla con la resolución 485/11 del Ministerio de Salud que intima a dicha firma con el artículo 1 de la norma nacional, es decir, la norma que establece que los medicamentos sólo puedan venderse en farmacias”, finalizó Selser.

Prgrama Infosalud 24-08-12

San Juan: Nuevas reglas para farmacias

De ahora en más toda clase de medicamentos deberán ser expendido por un especialista, como un farmacéutico. Esto es lo que estipula la flamante disposición a nivel nacional emitida por el Tribunal Federal de Justicia, y que también se aplicará en la provincia. Es que la norma prohíbe que las farmacias exhiban y vendan remedios en góndolas dentro de sus negocios, sin que la venta haya sido controlada por el farmacéutico.

Es por esto que de ahora en más los remedios de venta libre, como las aspirinas, suplemento dietarios, vitaminas y otros medicamentos, deberán pasar primero por el farmacéutico. La intención de la medida es que el usuario no consuma un remedio del que desconoce los efectos secundarios que puede tener, y por ende que lo perjudique e incluso agrave la patología.

En San Juan existen dos farmacias que adoptaron esta práctica. Ambas se encuentran en el departamento de Rivadavia.

Lo que se intenta con esta disposición es frenar la venta en góndolas y busca personalizar la elección de los remedios por parte de los clientes, además de tener una mejor información a la hora de elegir lo que necesitan.

La disposición entró en vigencia luego de salir a la luz denuncias y quejas contra grandes cadenas de farmacias del país que implementaron esta metodología, al estilo supermercado, para que la persona pueda comprar un remedio de venta libre. Esta situación trajo aparejado que muchas de las compras no fueran las correctas y terminaran agravando el cuadro que tenía el comprador antes de consumir el remedio, según María Luz Prat, asesora Profesional del Colegio de Farmacéuticos de San Juan. De ahora en más los remedios deberán ser vendidos en el mostrador de todas las farmacias.

Diario de Cuyo 24-08-12

Jubilados diabéticos de DOSEP tendrán remedios gratis

La obra social cubrirá el 100% de los medicamentos y del equipo que necesitan para medir el azúcar en sangre. Desde fines de agosto, los abuelos que estén afiliados a la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) tendrán el 100% de cobertura en el tratamiento para la diabetes. Así lo aseguró Gastón Hissa, coordinador de la mutual, quien destacó que los jubilados representan cerca del 40% de los pacientes de la obra social que padecen la enfermedad y que anteriormente debían abonar el 20% del costo de los medicamentos y del equipo necesario para medir el azúcar en sangre.

“No vamos a modificar la forma en que entregamos los remedios o sea que van a poder seguir concurriendo a la farmacia de siempre y retirarlos”, dijo el titular de DOSEP y agregó que los afiliados podrán acercarse a cualquiera de los cien locales prestadores y obtenerlos sin cargo pero, como lo hacían antes, deberán llevar el carnet y una ficha que detalle el consumo de los medicamentos.

Lo mismo ocurrirá con las agujas para aplicar la insulina, las lancetas, que según Hissa, son “agujas para pincharse y extraer una gota de sangre” y las tiras reactivas, que permiten medir en esa muestra el porcentaje de azúcar, ya que los jubilados podrán retirarlas sólo en la farmacia de DOSEP, que está en la casa central de Ayacucho y Chacabuco.

“Les damos la cantidad que necesitan, es un tratamiento personalizado”, dijo Hissa, quien explicó que no hay un tope en la cantidad de remedios que les entregan, sino que el médico que atiende al paciente y el auditor de la obra social, determinan las dosis y los elementos de medición que necesita cada paciente.

El funcionario especificó que a fines de este mes extenderán la cobertura del tratamiento a los abuelos que padecen la enfermedad, que antes era del 80%, para que puedan realizarlo gratuitamente. “Tenemos dos mil pacientes diabéticos en toda la provincia, de los cuales ochocientos son jubilados”, detalló el coordinador de DOSEP. Y comentó que otras obras sociales provinciales y de medicina prepaga sólo costean el 70% y que la medicación para una persona que tiene diabetes tipo dos, que es la más usual, ronda los $900 por mes.

“Queremos implementarlo de manera definitiva”, dijo Hissa, quien recordó que los afiliados no deberán realizar ningún trámite para obtener los remedios sin cargo, aunque aseguró que quienes deseen consultar pueden dirigirse al Área de Planes

Especiales, que está en el primer piso de la delegación central. Sobre la enfermedad El titular de DOSEP explicó que la diabetes es una enfermedad metabólica que tiene dos clases: “La tipo uno que puede ocurrir a cualquier edad pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes y la dos que se presenta generalmente en edad adulta y responde a personas obesas o con distribución de grasas predominantemente en la zona abdominal”.

Y agregó que la segunda, que es la más común, puede ser causada por el sedentarismo, los malos hábitos en la alimentación y el consumo de comidas muy ricas en grasas y azúcares, aunque aclaró que “puede controlarse con un programa adecuado de ejercicios, dieta y medicamentos hipoglucemiantes orales, que ayudan a bajar los niveles de glucemia”.

Prensa Dosep

Farmacity ya no podrá poner en góndolas remedios de venta libre

La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto una medida que suspendía los efectos de una resolución del Ministerio de Salud que ordenaba a la empresa cumplir, en 15 días, con disposiciones de la Ley de Farmacias.

La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo que había otorgado una medida cautelar por la cual se suspendía los efectos de una resolución del Ministerio de Salud (485/11) que intimaba a Farmacity SA a cumplir, en un plazo de 15 días, con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 17.565 (modificado por la ley 26.567), que impide la exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas, “al alcance de la mano del consumidor”.

En el caso, la empresa se había presentado en el juzgado denunciando que en un trámite iniciado ante el Ministerio de Salud para obtener la habilitación de un nuevo local, al presentarse la inspectora de ese organismo indicó al director técnico que las especialidades medicinales de venta libre debía permanecer detrás del mostrador, adecuándose a las normas vigentes.

Ante ello, se solicitó el dictado de una medida cautelar que suspenda la ejecución y efectos de los actos administrativos impugnados y se ordene al Ministerio de Educación la abstención del dictado y/o ejecución de cualesquiera otros que afecten los derechos objeto de controversia en el proceso, “de modo de poder mantener los medicamentos de venta libre en las góndolas y escaparates de sus locales de farmacias durante la tramitación del presente”.

Según la resolución de Cámara, “la jueza (de primera instancia) encontró razonable suspender la ejecutoriedad de la resolución 485/11, pues señaló que en ella nos se habían analizado los argumentos esgrimidos por la actora relativos a la falta de perjuicio al cliente que implica la exhibición de medicamentos de venta libre en las góndolas, o que el hecho de que se tome uno de ellos no importa en ese momento su venta y despacho, pues una vez ocurrido ello el adquirente debe pasar previamente por el mostrador en el cual interviene personal que se encuentra habilitado para el expendio, lo cual constituye, en definitiva, uno de los requisitos que establece la norma en cuestión”.

Agregó que la firma Farmacity cuenta en sus locales en forma permanente con el asesoramiento de farmacéuticos y demás personal habilitado al efecto.

Por otro lado, la magistrada había señalado que la empresa “es una cadena de farmacias habilitada por el Ministerio de Salud y que en las góndolas sólo exhibe medicamentos de venta libre, por lo cual, y sin que lo expuesto implicase abrir juicio alguno definitivo con relación a la procedencia de la petición de fondo, no se advierte el riesgo a la salud que acarrearía a la población la exhibición de tales productos”.

Y concluyó que el peligro de la demora quedaba configurado con el breve lapso perentorio de la intimación dispuesta y que de no ser cumplida podría tener consecuencias sancionatorias.

Apelada la decisión, el tribunal –integrado por los camaristas Marcelo Daniel Duffy, Jorge Eudardo Morán y Rogelio W. Vincenti- aseguró que las medidas cautelares no proceden, en principio, con respecto a actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan.

En ese marco, indicó que “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca…, al menos con el grado de evidencia que se requiere para suspender los efectos de un acto administrativo, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga en los procesos precautorios a una severa aplicación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar”.

Asimismo, señaló que “la complejidad de los temas que expone como fundamento de su pretensión también atenta contra la verosimilitud alegada e impide que ellos puedan ser evaluados en el reducido marco cognoscitivo de la medida impetrada”.

“En efecto, analizar siquiera someramente, la efectiva configuración de un exceso reglamentario, entre otros vicios que se imputan respecto de la resolución 485/11 y demás actos administrativos dictados en consecuencia por el Ministerio de Salud, así como –eventualmente- el control judicial de la constitucionalidad de la ley de medicamentos, importaría adentrarse en la cuestión de fondo con el serio riesgo de emitir opinión anticipada respecto de aquélla”, destacó.

Por otro lado, dijo que la Corte ha puesto de resalto que para acceder a cualquier medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro de la demora que la justifique, el que debe ser evaluado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros.

Sobre esa base, añadió, la actora fundó su petición precautoria en el “exiguo” plazo de 15 días para reestructurar el sistema de venta en sus locales comerciales y en la afectación de su derecho de propiedad y de ejercer industria lícita.

“No se encuentra acreditado en este estado liminar del proceso que el retiro de los medicamentos de las góndolas insuma un tiempo superior al indicado… Por su parte, aun cuando el incumplimiento del acto cuestionado podría involucrar el despliegue del régimen sancionatorio, lo concreto es que no se encuentra acreditado que su acatamiento ponga en riesgo la continuidad de la empresa, circunstancia que sólo permite concluir que los perjuicios involucrados exhiben clara naturaleza patrimonial y obsta un adelanto de jurisdicción en los términos referidos precedentemente”, finalizó.

Piden a IOMA que regularice entrega de medicamentos

La conducción bonaerense de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y dirigentes del Frente Gremial Docente se reunió ayer con el presidente del IOMA, Antonio La Scaleia, para solicitarle que “regularice los pagos necesarios e impida el corte de servicios en farmacias y atención médica”.

 

La CTA y el Frente Gremial Docente Bonaerense “vienen denunciando la interrupción en el expendio de medicamentos oncológicos, HIV y psiquiátricos (Plan MEPPES) por parte de las farmacias, clínicas y laboratorios adheridos al IOMA”, recordaron en las entidades sindicales.

 

El secretario adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense, Daniel Pérez Guillén, explicó que “las autoridades del IOMA tomaron nota del reclamo y se comprometieron a citar a las entidades que agrupan a las farmacias, clínicas y laboratorios para solicitarles la regularización del servicio en el transcurso de la semana”.

 

Por su parte, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (Feb), Mirta Petrocini, señaló que “el presidente del IOMA nos manifestó su inquietud de resolver la problemática, pero argumentó que la situación de retraso se fundó en un reacomodamiento de pagos y no en una crisis financiera o falta de dinero”.

 

Finalmente, el secretario general del Suteba y la CTA, Roberto Baradel, dijo: “Nos vamos de la reunión con la esperanza de que se resuelva la situación, pero seguimos en alerta y movilización porque no vamos a permitir ningún ajuste ni recorte”.

Obras sociales: denuncian mal manejo de los fondos

Dos legisladores de la UCR acusarán hoy en Tribunales a Liliana Korenfeld, cercana a la Presidenta, y a otros seis funcionarios K. Sospechan que desviaron dinero destinado a tratamientos complejos.

Dos diputados radicales denunciarán hoy en Tribunales a una histórica dirigente kirchnerista a la que este año se la puso al manejo de los millonarios fondos de la reformulada Administración de Programas Especiales (APE). Se trata de la ex diputada santacruceña Liliana Korenfeld, ahora titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), un ente descentralizado del Ministerio de Salud que absorbió a la APE.

Korenfeld será acusada junto con otros seis funcionarios que tuvieron intervención en el manejo de esos fondos ( más de 1.100 millones de pesos por año destinados a tratamientos complejos que deben afrontar las obras sociales sindicales) y que incluso aún lo están, como el gerente general de APE, Manuel Martín Alves, un hombre del ministro de Salud, Juan Manzur, y Donato Spaccavento, un médico muy cercano a los Kirchner.

La presentación, a la que Clarín tuvo acceso exclusivo, será realizada por el diputado por Capital Manuel Garrido y el senador por Tucumán José Cano. Los dos legisladores radicales tomaron como base las groseras irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control del manejo de esos fondos que se les reintegra a las obras sociales sin un control eficiente.

Cano y Garrido –ex fiscal de Investigaciones Administrativas– creen que Korenfeld pudo haber incurrido en los delitos de peculado (desvío de fondos), administración fraudulenta, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además de Korenfeld, Alves y Spaccavento (ex director del Hospital Argerich) serán denunciados el antecesor de la primera en la SSS, Ricardo Bellagio (cercano al sindicalista José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), Cristian Asorey (ex coordinador de sistemas), Angel David Aragón (ex gerente de control de gestión) y Alejandro Ferrari (actuó en la auditoría interna).

Los fondos de la APE son objeto de investigaciones judiciales (los jueces federales Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide tienen causas abiertas al respecto) y el Gobierno decidió ponerlos en marzo de este año en manos de Korenfeld. Fue tras la escalada con el líder de la CGT, Hugo Moyano , quien tuvo control sobre la APE hasta el año pasado. Entre las irregularidades encontradas por la AGN se encuentran desde la falta de documentación y requisitos que respalden lo que informan las obras sociales al pedir el dinero de reintegros hasta casos en los que se alegaba beneficios para supuestos enfermos que no figuraban en el padrón de la obra social.

De acuerdo con la AGN, “en el 73,71% de los expedientes evaluados, por un monto total de $ 16.424.415,20 se aconseja la rendición de cuentas existiendo faltantes de la documentación respaldatoria de la aplicación de fondos, tales como facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.”.

“Y en algunos de los expedientes que sí registraban dicha documentación surgen dudas respecto de su validez en el orden de las firmas y en la tipología de las prescripciones, recetas y recibos”, se afirma en la denuncia, según pudo saber Clarín , en base al informe de la Auditoría.

Los legisladores citaron el caso de la Obra Social Ferroviaria, que tramitó en 2009 un subsidio por $ 2,8 millones pero el análisis clínico figura a nombre de una persona que no es el beneficiario y el “contacto médico” es el auditor médico de la propia obra social, que se supone es quien debe controlar el tratamiento ordenado por el profesional que atendió al paciente.

Otra irregularidad repetida es la falta de autenticidad de los troqueles de los medicamentos para el cobro del reintegro. Así, se descubrieron 12 casos por un total de $ 4,6 millones con troqueles cuya autenticidad no verificaron los laboratorios respectivos. Según los denunciantes, la gestión de Korenfeld mantiene en pie el manejo irregular detectado por la AGN .

Por Lucio Fernández Moores

Clarín 21/08/12

Medicamentos seguros: Se concretó la 1º Jornada Provincial de Trazabilidad

Se concretó la Primera Jornada Provincial de Trazabilidad de Medicamentos en la localidad de Paraná, como una estrategia más mediante la cual la provincia busca regularizar la circulación de medicamentos y garantizar remedios seguros a la comunidad. La propuesta se replica desde Nación y encabezada por integrantes de Anmat junto a representantes del Ministerio de Salud, estuvo dirigida al sector público y privado involucrado con la distribución de remedios en Entre Ríos.

“El propósito es brindar una mayor seguridad a los pacientes en cuanto a los medicamentos que consumen, garantizando su legitimidad, calidad, seguridad y eficacia” advirtió Maximilano Derecho, asesor legal de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), al referirse a uno de los objetivos más importantes de la Jornada.

Enmarcada en una iniciativa de Nación, la actividad busca llegar a cada provincia generando canales de comunicación con ANMAT para optimizar la circulación de los medicamentos. “No somos un ente aislado sino que trabajamos coordinadamente con las provincias, que si bien son autónomas dentro su jurisdicción, la idea es que sea un logro conjunto de cada una de las autoridades sanitarias”, detalló Derecho.

Por su parte Cristina Collino, jefa del Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud, explicó que “todo el recorrido legítimo y legal que realizan los medicamentos antes de llegar al paciente y que garantizan que se está accediendo a un medicamento seguro y eficaz, es lo que se denomina ‘trazabilidad” y pormenorizó: “ Hasta el momento lo veníamos trabajando de una manera particular y actualmente Nación nos propone abordar de manera conjunta otro punto de vista, con un aspecto más específico que nos permita controlar que lo que el Estado invierte en salud sea realmente lo que se consume”.

La jornada se viene desarrollando en distintas provincias y propone un encuentro personalizado que permite a las autoridades “llegar de manera más directa a los involucrados y conocer las realidades e inquietudes que tiene cada región en cuanto a la implementación del sistema”, según declaraciones del asesor legal de Anmat, quién además indicó: “La idea es poder evacuar dudas acerca de la aplicación de las normativas y del funcionamiento del sistema”.

Es importante destacar que el tema de la trazabilidad de los medicamentos es un asunto muy importante de la agenda sanitaria entrerriana, al respecto Karina Muñoz, directora de Atención Médica, destacó: “Desde el Estado y como efectores del sistema de Salud, estamos comprometidos con la trazabilidad y trabajando por la salud de la comunidad, asegurándonos de que los medicamentos que llegan a sus manos sean los que tienen que consumir.

Finalmente, Maximilano Derecho destacó la importancia de que la provincia de Entre Ríos se incorpore a este proyecto de optimización y en el cual Argentina es referente mundial: “Este es uno de los proyectos sobre los cuales Anmat está trabajando más fuertemente y las provincias juegan un papel fundamental en cuánto a la aplicación de trazabilidad, por eso otro de los objetivos es que más actores puedan incorporarse de manera efectiva al sistema

Con el objetivo de abarcar a las distintas áreas involucradas en la circulación de los medicamentos, para la jornada de la mañana se convocó al sector público, tanto a inspectores de la provincia, como a agentes vinculados con los procesos de distribución y al personal operativo de los hospitales que maneja los medicamentos. Mientras que durante la tarde fue orientada para los sectores privados, farmacias y droguerías.

Prensa Salud – Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación – Ministerio de Salud- Gobierno de Entre Ríos, 17 de agosto de 2012

Legislatura bonaerense: Diputado pide informes por IOMA, medicamentos y hospitales

El diputado bonaerense Sergio Panella (UCR La Plata), presentó diferentes pedidos de informes en los últimos días destinados a que IOMA por un lado, y el ministerio de Salud bonaerense por el otro, expliquen diferentes situaciones que colocan luces de alarma en la salud pública provincial. 

En cuanto al IOMA, el diputado pregunta a ese instituto “si es cierto que al 13 de agosto de 2012 había “suspensión la entrega de medicamentos oncológicos por parte de farmacias adheridas a IOMA”.
Y luego sostiene: “si el punto anterior es positivo, a qué se debe la situación, y qué medidas tomaron al respecto”.
En ese marco, el pedido de informes formula: “si tomó conocimiento de la denuncia que hicieron los sindicatos que conforman el denominado Frente Gremial Docente Bonaerense, el día 13 de agosto de 2012, sobre la situación planteada”.
“El 13 de agosto de 2012, los sindicatos reunidos en el Frente Gremial Docente, – AMET – FEB – SADOP – SUTEBA – UDA-, realizaron una denuncia pública al decir que tienen datos sobre una “interrupción en el expendio de medicamentos oncológicos (Plan MEPPES) por parte de farmacias adheridas al IOMA””, fundamenta Panella.
“Ante esta situación consideramos imprescindible que el Instituto Obra Médico Asistencial, IOMA, remita a este Cuerpo un informe completo sobre la cuestión de manera inmediata”, dice.
Puntualmente, el comunicado del Frente Gremial Docente  indica: “el FGDB denuncia la interrupción en el expendio de medicamentos oncológicos (Plan MEPPES) por parte de las farmacias adheridas al IOMA”.
Ante esta situación, el FGDB expresa: Que este recorte se produzca, implica una medida irresponsable y gravísima que afecta a nuestros compañeros más vulnerables”, agregan.
“Que nuestra Obra Social se sostiene con el aporte integral del 9,6 por ciento, que deviene del aporte directo del salario de los trabajadores más el aporte de la patronal en porcentajes iguales”, sostiene el comunicado difundido el día 13 de agosto de 2012.
“Que no vamos a permitir que estos fondos no sean direccionados integralmente para el financiamiento de nuestra Obra Social”, agregaron los docentes en un comunicado.

Hospitales

Por otra parte, el diputado Panella pidió también informes al ministerio de Salud provincial, para que aclare la situación de los insumos, y si, incluso, las restricciones a las importaciones afectaron el normal abastecimiento.
El diputado se hizo eco de un informe difundido por la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) del 2 de agosto del corriente año, en donde se denuncian inconvenientes en la provisión de insumos como consecuencia de la restricción de importaciones y también de la falta de pago a proveedores.
Entre las preguntas del pedido de informes, Panella quiere saber “si las trabas a las importaciones relacionadas con medidas del Gobierno nacional afectó de algún modo a la normal provisión de insumos para los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires”, y “de ser afirmativo el punto anterior, saber si hay carencia de insumos, como así también si no se pueden reemplazar los mismos con producción local”.
El legislador oriundo de La Plata consideró como “gravísima” a la situación que plantean los médicos y profesionales de la salud, y dijo que “de ser así, como se está denunciando, se pone en riesgo a la salud de la población”.
En ese marco, el diputado le preguntó también a la cartera de Salud si se iniciaron gestiones para normalizar la situación, y de ser así “ante quienes se hicieron y con qué resultado”.
En otro de los puntos del proyecto, Panella quiere saber “cómo está actualmente el pago a los proveedores del sistema de salud público”, y “si es cierto que hay carencia de insumos hospitalarios como producto de conflictos con proveedores, y si, además, es cierto que se deben hacer “canjes” entre los diferentes hospitales con distintos tipos de insumos”.
La CICOP, el 2 de agosto pasado, había denunciado mediante su titular,  Viviana García, que “la falta de insumos la vamos a pagar en vidas humanas: hoy ya nos hemos quedado sin suero en los hospitales, por lo que se suspendieron las cirugías programadas para atender emergencias y hemos teniendo que hacer en los últimos días trueque entre hospitales de  jeringas por sueros. Llegamos  a un límite impensado por la falta de insumos básicos para poder tener los hospitales funcionando”

Impulso Baires 16-08-12