Dos legisladores de la UCR acusarán hoy en Tribunales a Liliana Korenfeld, cercana a la Presidenta, y a otros seis funcionarios K. Sospechan que desviaron dinero destinado a tratamientos complejos.
Dos diputados radicales denunciarán hoy en Tribunales a una histórica dirigente kirchnerista a la que este año se la puso al manejo de los millonarios fondos de la reformulada Administración de Programas Especiales (APE). Se trata de la ex diputada santacruceña Liliana Korenfeld, ahora titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), un ente descentralizado del Ministerio de Salud que absorbió a la APE.
Korenfeld será acusada junto con otros seis funcionarios que tuvieron intervención en el manejo de esos fondos ( más de 1.100 millones de pesos por año destinados a tratamientos complejos que deben afrontar las obras sociales sindicales) y que incluso aún lo están, como el gerente general de APE, Manuel Martín Alves, un hombre del ministro de Salud, Juan Manzur, y Donato Spaccavento, un médico muy cercano a los Kirchner.
La presentación, a la que Clarín tuvo acceso exclusivo, será realizada por el diputado por Capital Manuel Garrido y el senador por Tucumán José Cano. Los dos legisladores radicales tomaron como base las groseras irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control del manejo de esos fondos que se les reintegra a las obras sociales sin un control eficiente.
Cano y Garrido –ex fiscal de Investigaciones Administrativas– creen que Korenfeld pudo haber incurrido en los delitos de peculado (desvío de fondos), administración fraudulenta, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de Korenfeld, Alves y Spaccavento (ex director del Hospital Argerich) serán denunciados el antecesor de la primera en la SSS, Ricardo Bellagio (cercano al sindicalista José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), Cristian Asorey (ex coordinador de sistemas), Angel David Aragón (ex gerente de control de gestión) y Alejandro Ferrari (actuó en la auditoría interna).
Los fondos de la APE son objeto de investigaciones judiciales (los jueces federales Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide tienen causas abiertas al respecto) y el Gobierno decidió ponerlos en marzo de este año en manos de Korenfeld. Fue tras la escalada con el líder de la CGT, Hugo Moyano , quien tuvo control sobre la APE hasta el año pasado. Entre las irregularidades encontradas por la AGN se encuentran desde la falta de documentación y requisitos que respalden lo que informan las obras sociales al pedir el dinero de reintegros hasta casos en los que se alegaba beneficios para supuestos enfermos que no figuraban en el padrón de la obra social.
De acuerdo con la AGN, “en el 73,71% de los expedientes evaluados, por un monto total de $ 16.424.415,20 se aconseja la rendición de cuentas existiendo faltantes de la documentación respaldatoria de la aplicación de fondos, tales como facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.”.
“Y en algunos de los expedientes que sí registraban dicha documentación surgen dudas respecto de su validez en el orden de las firmas y en la tipología de las prescripciones, recetas y recibos”, se afirma en la denuncia, según pudo saber Clarín , en base al informe de la Auditoría.
Los legisladores citaron el caso de la Obra Social Ferroviaria, que tramitó en 2009 un subsidio por $ 2,8 millones pero el análisis clínico figura a nombre de una persona que no es el beneficiario y el “contacto médico” es el auditor médico de la propia obra social, que se supone es quien debe controlar el tratamiento ordenado por el profesional que atendió al paciente.
Otra irregularidad repetida es la falta de autenticidad de los troqueles de los medicamentos para el cobro del reintegro. Así, se descubrieron 12 casos por un total de $ 4,6 millones con troqueles cuya autenticidad no verificaron los laboratorios respectivos. Según los denunciantes, la gestión de Korenfeld mantiene en pie el manejo irregular detectado por la AGN .