1200 colegas se acreditaron en el XI Evento de Acofar realizado entre el 3 y el 5 de noviembre en Mar del Plata.
La Farm. Isabel Reinoso, presidente del CFPBA estuvo en al acto de apertura. Habló de la medida gremial, de las condiciones del mercado y la necesidad de fortalecer a las cooperativas.
La firma Surar Pharma retira preventivamente del mercado el lote 130-173, con vencimiento en enero de 2014 de Ranitidina 50 mg5 ml inyectable.El producto es un inhibidor de la secreción ácida gástrica, indicado para el tratamiento de las gastritis, esofagitis por reflujo y úlceras pépticas gastroduodenales.
La medida obedece a que la firma recibió reportes que refieren cuadros de fiebre y escalofríos en pacientes tratados con unidades correspondientes a este lote.
Un informe similar fue reportado por un nosocomio de la provincia de Corrientes.
Ante esa situación, la Anmat se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado de la partida mencionada y sugiere a los centros de salud que se abstengan de utilizar el lote mencionado.
La subsecretaria de Control Sanitario, Silvia Caballero, encabezó hoy en el Instituto Biológico “Tomás Perón” un encuentro con autoridades de la secretaría de Salud de la municipalidad de La Plata para avanzar en un convenio de cooperación para la producción pública de medicamentos.Durante el encuentro, Caballero afirmó que “trabajamos bajo los lineamientos del ministro Collia, quien promueve la integración y el trabajo en conjunto entre los laboratorios públicos”.
En este sentido, la funcionaria del ministerio de Salud de la Provincia agregó que “el objetivo es poder sumar al laboratorio municipal a la red provincial, ya que nos permitiría incorporar nuevas formas farmacéuticas”.
El laboratorio de la municipalidad de La Plata produce fórmulas semisólidas como vaselina azufrada, agua d´alibour, alcohol boricado, crema para dermatitis del pañal, loción antisárnica de permetrina, repelente y alcohol en gel.
Participaron de la reunión el director provincial del Instituto Biológico, Gerardo Poggioli; el director de Producción, Aníbal Mombiela; la directora técnica de la planta LEMP 2, Patricia Rivadulla: el secretario de Salud de la municipalidad de La Plata, Jaime Henen y la directora técnica de la planta municipal, Betiana Menestrina.
En la antevíspera, Pedro Dániel se acercó a El Eco de Tandil para compartir su preocupación sobre el incumplimiento de las dos normativas referidas a esta temática. La primera establece que entre farmacia y farmacia tiene que haber 300 metros de distancia y la segunda que tiene que haber una farmacia por cada 3.000 habitantes.Frente al planteo, el Colegio de Farmacéuticos quiso dar su versión de los hechos. Mariana García, presidente de la Filial Tandil, aclaró que las acusaciones que recibieron por parte de este profesional no son acertadas.
En primer lugar, explicó que no les corresponde a ellos la aprobación de las habilitaciones de las farmacias, así como tampoco su ubicación geográfica. Todas estas normativas se establecieron en la Ley de Farmacias 10.606 y su modificación en la Ley 13.054; por lo tanto, su reglamentación depende directamente del Ministerio de Salud.
“Acá sólo hacemos cumplir la ley, no podemos ni habilitar ni mudar las farmacias ni decir dónde se pueden instalar. Cuando llega el pedido de una habilitación, nosotros corroboramos que esté a 300 metros de otra y que cumpla la ley de la densidad poblacional”, explicó García.
La modificación de la ley donde se detalla estas normativas, se efectuó en el año 2003 por lo que las farmacias que ya estaban habilitadas antes de esa fecha no se pueden mudar ni modificar.
“Es verdad que no hay tantas farmacias en zonas alejadas, pero en Villa Italia hay dos, en Villa Aguirre también hay otras dos. Están distribuidas geográficamente a partir de que se puso en marcha la ley y como antes no existía, entonces se podían habilitar donde uno quisiera. Pero justamente para que no estén todas ubicadas en el centro como ocurre en Tandil y en cualquier otra ciudad, se estableció esta ley”, afirmó.
A partir de este momento, las nuevas farmacias se abrían en relación a 300 metros de las que ya estaban; así como también actualmente hay 40 privadas para los 120.000 habitantes que marca en Censo de 2010.
Añadió al respecto que el Colegio de Farmacéuticos denuncia cuando hay alguna que no puede estar en ese lugar, pero el cumplimiento de la ley le corresponde al Ministerio de Salud y al Poder Legislativo.
Ex trabajadores del laboratorio Apolo denunciaron en la justicia que las partidas de solución fisiológica fabricada entre febrero de 2011 y principios de 2012 no pasaron por un director técnico. Se alertó a la Administración Nacional de Medicamentos.Ex trabajadores del laboratorio Apolo, que permanece en conflicto laboral desde abril pasado cuando dejó de producir, denunciaron en la Justicia que antes del cierre se fabricaron y distribuyeron sueros sin el debido control. Según indicaron dos de los más de cincuenta ex empleados que mantienen tomada la planta de Alem al 2900, las partidas de solución fisiológica fabricada entre febrero de 2011 y principios de 2012 no pasaron por un director técnico. Sin embargo, hasta el último sachet salió con el nombre del farmacéutico que había ocupado ese puesto anteriormente y que la semana pasada llevó el reclamo a la Justicia Civil. La investigación ya está en manos de la Justicia. La fiscal Ana Rabín pidió, entre otras medidas, que se ponga en conocimiento de la denuncia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ante la advertencia de que habría sueros de estas partidas en el mercado o en efectores de salud.
Hasta abril pasado, Apolo produjo cerca del 35 por ciento de los sueros parenterales del país, y también se distribuían en Paraguay, según indicaron los ex trabajadores. Sin embargo, tras el cierre, los ex empleados que buscan conformar una cooperativa en el lugar, denunciaron que el control de la producción no fue apropiado en el último tiempo de fabricación.
Luego de que el 1º de noviembre pasado el farmacéutico Gabriel Ceballos diera cuenta de las irregularidades en el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6, acerca de su desvinculación del puesto de control en febrero de 2011 y la insistencia de los responsables del laboratorio de continuar colocando su nombre en las partidas como fiscalizador; ayer fueron los empleados Raúl Olivetto y Joana Vivas quienes iniciaron una denuncia penal.
“La situación es altamente grave ya que no caben dudas de que un importante número de partidas de sueros, actualmente en el mercado, no cuentan con el debido respaldo de un director técnico que garantice la calidad del producto”, reza la denuncia que investiga la Justicia.
Tras la presentación en la Fiscalía Nº 4, los ex trabajadores representados por el abogado Víctor Luna, señalaron que “Apolo producía 1,5 millones de sachets de suero por mes, que distribuyó en Argentina y Paraguay. Lo que planteamos ahora son cuestiones que no conocíamos antes del cierre de la planta. Todo fue decayendo hasta el cierre, y cada uno hacía su trabajo y nada más. Es que al no haber un director técnico, quiere decir que no se sabe si las partidas de esos meses (febrero 2011 a abril pasado) cumplían con el máximo de calidad”.
De inmediato, la fiscal Rabín solicitó medidas al Juzgado de Instrucción Nº 13. Entre otros puntos, que prefirió no adelantar, pidió “copias certificadas de lo actuado por el Tribunal Extracontractual 6º”, que, ante la denuncia de Ceballos, realizó un aseguramiento de prueba a cargo de un oficial de justicia que la semana pasada visitó el laboratorio para constatar las irregularidades administrativas. También solicitó testimoniales de ratificación de la denuncia; un informe a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia sobre quiénes componen el laboratorio; y al Colegio de Farmacéuticos de Rosario para que indiquen si el farmacéutico Ceballos está matriculado y si trabajó en el laboratorio.
Por otro lado, los propietarios de Apolo –a nombre de Manuel Salinas– tienen un concurso preventivo en trámite en la Justicia Civil y Comercial, que si no prospera puede llegar a la quiebra. Justamente, esa situación posibilitaría que los operarios lleven adelante la cooperativa.
Ingresó al Parlamento rionegrino un proyecto de ley que promueve el sistema de trazabilidad para el seguimiento y control de medicamentos y especialidades médicas en la cadena de comercialización, distribución y dispensación.La iniciativa fue presentada por los legisladores Facundo López (ACD) y Matías Gómez Ricca (FpV).
El sistema de trazabilidad consiste en una identificación individual y unívoca de cada medicamento y especialidad medicinal comercializada y permite el seguimiento de cada unidad.
El Ministerio de Salud y el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) serán los encargados de llevar adelante el seguimiento y control de cada etapa.
En este sentido, el Ministerio de Salud dela Nacióndictó una resolución que establece que las personas físicas o jurídicas que intervengan en la cadena de comercialización, distribución y dispensación de especialidades medicinales, incluidas en el Registro de Especialidades Medicinales, deberán implementar el sistema de trazabilidad.
La documentación comercial que emitan los laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos y droguerías en sus operaciones de provisión, sea a título oneroso o gratuito al Estado y que fueran alcanzadas por el sistema de trazabilidad, deberán incluir el número de lote y vencimiento.
En los fundamentos, los legisladores explican que “el tránsito y comercialización de medicamentos adulterados, robados y/o de otras sustancias de dudosa procedencia que se utilizan en la industria o en medicina, es una realidad insoslayable en nuestro país, y de la cuál nuestra provincia no permanece ajena”.
“El Estado provincial debe realizar los controles de calidad de los medicamentos o insumos que adquiera, corroborar las fechas de elaboración – vencimiento y mantener un estricto control en su almacenaje y distribución mediante un sistema de seguimiento, con rótulos y marcaciones identificatorias”, indican.
Finalmente, manifiestan que “el Ministerio de Salud y el Instituto de Provincial del Seguro de Salud contarán con una herramienta que regule y controle en forma exhaustiva los diferentes etapas por los que atraviesan los productos medicinales y los insumos con tecnología médica que adquiere, desde su elaboración o importación hasta la entrega a sus pacientes y/o afiliados”.
Establecen como será la venta de marihuana en Uruguay cuando se legalice. Los usuarios recibirán un carnet. Podrán comprar 40 gramos de cannabis por mes al equivalente de 170 pesos argentinos.El director de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, adelantó ayer que el precio de la marihuana que se vendería en el país cuando se apruebe la ley que legaliza su comercialización rondaría los 700 pesos locales para los 40 gramos permitidos al mes. Este precio, equivalente a 170 pesos argentinos, es similar al del mercado negro, pero la diferencia estará en la calidad: “Hoy se consume un producto que viene mezclado con sustancias que no son necesariamente marihuana, con aspectos de la planta que no son necesariamente para el consumo, como hojas, tallos y demás”, describió el funcionario. En cambio, lo que se ofrecería legalmente serían flores o cogollos bien conservados, cuyo efecto sería más potente que el prensado proveniente de Paraguay, que se comercializa en Uruguay, Argentina y Brasil. Los usuarios deberán registrarse en un organismo público, pero “sus datos quedarían protegidos y no figurarían en su carnet”, comentó el diputado frenteamplista Sebastián Sabini.
“Ahora estamos trabajando juntamente con los legisladores y en la medida en que el autocultivo esté regulado por el Estado, va a ser posible, aunque al principio no estaba en los planes”, explicó Calzada a Página/12. Consultado sobre la participación de empresas privadas en la producción, el funcionario comentó que se evalúan dos posibilidades: “Que produzca directamente el Estado, algo que parece complicado, o que haya producción licenciada y que el Estado compre toda la cosecha, una de las alternativas más fuertes. De lo que estamos seguros es de no permitir la comercialización entre terceros”.
El sistema de licencias, agregó Calzada, ya se utilizó localmente para la caña de azúcar e incluso para los tomates. “Es un modelo para mercados acotados y sirve para fijar un precio. Se utiliza también en la India, Turquía y algunos países de la Unión Europea para producir opio con fines medicinales y funciona, siendo el opio una sustancia de mayor riesgo que el cannabis”, señaló. Por otra parte, el funcionario descartó que vaya a venderse en farmacias, más bien se buscarían lugares especializados. “Más allá de esto, lo central es minimizar los impactos del narcotráfico y mejorar las prestaciones sanitarias a los usuarios de drogas”, afirmó.
El precio y la calidad serán elementos cruciales para “ganar el mercado”, como dijo el presidente José “Pepe” Mujica. Si se cobra más barato, se puede favorecer la reventa; si es más caro, al narcotráfico. El proyecto del oficialismo contiene una larga exposición de motivos y un solo artículo que habilita al Estado “el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados”. Entró en agosto al Parlamento y desde entonces es analizado y complementado por una comisión especial de drogas y adicciones.
“Estoy convencido de que la prohibición trajo más muerte, más mafia y peores productos; no mejoró la salud pública ni la seguridad”, dijo Daniel Radío, diputado del Partido Independiente e integrante de la comisión especial que analiza el tema. Su posición es favorable a la regulación, señaló el diputado, quien se quejó de que estas últimas novedades le lleguen por la prensa. “Tampoco me gustó que la propuesta del gobierno sea parte de un paquete de medidas de seguridad, porque aumenta el prejuicio sobre la sustancia”, dijo. Su voto, indefinido aún, será crucial si hay fisuras en la bancada oficialista.
La comisión especial de drogas y adicciones recibió asesoramiento de especialistas de México, Gran Bretaña y Holanda y, según comentó su titular, Sebastián Sabini, se trabaja intensamente para votar el proyecto antes de fin de año. “Hay varias propuestas de implementación. Una es crear tres órganos. Uno rector, a cargo de la Junta Nacional de Drogas, y otro regulador, que controlaría la producción y la venta. El tercero sería el órgano ejecutivo, una empresa pública que funcione con derecho privado, como Ducsa (la distribuidora de gas envasado)”, enumeró.
Esta última agencia se encargaría del registro de usuarios, quienes tendrían un carnet innominado, sólo con un código de barras. “Como se trata de un dato sensible, va a estar protegido por esta institución ejecutiva. El desafío es lograr una regulación que dé garantías a los usuarios y que sea segura”, planteó Sabini. De implementarse, agregó, Uruguay saldaría los errores del sistema holandés, que permite la venta, pero no la producción: “Nosotros regularíamos toda la cadena”. La situación holandesa –en cuya capital se frenó la idea de impedir que los extranjeros ingresen a los Coffeshops– y lo que pase hoy en los plebiscitos pro legalización en los estados de Washington, Oregon y Colorado serán importantes para el avance del proyecto uruguayo.
Otro aspecto decisivo es la legalización de la hoja de coca exigida por Bolivia. Sabini aseguró que luchará para que se permita el autocultivo, los clubes de cultivo (manejados por usuarios), la producción para usos medicinales, industriales y científicos. “Queremos producir marihuana con alrededor de 8 por ciento de THC (el principio psicoactivo del cannabis) para que supere en calidad al mercado negro, pero el Estado no va a promocionar el uso sino disuadirlo desde la prevención y la educación, y no con una ley penal”, afirmó Calzada.
Sigue sin resolverse la faltante de la vacuna triple bacteriana, incluida en el Calendario Nacional de Inmunizaciones, y por lo tanto de aplicación obligatoria y gratuita. Veinte días atrás se habían registrado reclamos de vecinos que debían iniciar o continuar con la dosis y el ministerio de Salud provincial había puntualizado que la escasez no iba a tardar en solucionarse. Sin embargo, continúan las quejas porque la vacuna no se encuentra en ningún centro de salud local.Esta vacuna previene enfermedades que pueden ser muy graves, como la tos convulsa, el tétanos y la difteria, y se aplica, de acuerdo al calendario oficial de vacunación, a las embarazadas con seis meses de gestación y a los niños de 11 años.
Gustavo Pecare, de Altos de San Lorenzo, no ha hecho más que buscar la triple desde que su hijo cumplió los 11, hace quince días. “No está ni en la ex Casa Cuna, ni en 8 y 42 ni en el hospital San Juan de Dios; tampoco en las droguerías con las que me comuniqué. Y si bien es gratuita pero me decidiera a pagar los 800 pesos que dicen que cuesta de manera particular tampoco podría conseguirla. Lo que pasa es que tampoco uno sabe hasta cuándo se puede esperar para que sea efectiva”, dijo el vecino de 73 entre 23 y 24.
“HABRA ESTA SEMANA”
Esta vez, voceros de la cartera sanitaria reiteraron que la escasez se debe a que “el producto no está saliendo del laboratorio” y aseguraron, nuevamente, que “esta semana el gobierno nacional la va a estar distribuyendo a las provincias”.
Cuando esta misma vacuna comenzó a faltar a mediados de octubre, en el Colegio de Farmacéuticos de La Plata se explicó que existen tres firmas que la producen y que el problema estaba, justamente, con la que la fabrica para la sanidad pública; no así con las otras dos. No obstante, por estar incluida en el calendario nacional no es un producto muy requerido en las farmacias.
Es el área sanitaria provincial la que entrega las vacunas, tanto a los centros de salud de su injerencia como en las “salitas” municipales. En las unidades locales, la triple bacteriana falta desde entonces. “No se puede aplicar en ninguno de los 45 centros comunales”, se aseguró oportunamente.
En el ministerio de Salud se afirmó que la inmunización triple falta en los vacunatorios porque “hay problemas en el laboratorio que produce las partidas para la salud pública” y según se volvió a informar, la provisión se realizará “durante esta semana”.
DOS DOSIS
La vacuna triple bacteriana está indicada, como se dijo, en el sexto mes de embarazo y luego se contempla un refuerzo en los menores de 11 años. Pero como las patologías que previene pueden llegar a ser muy graves -incluso fatales- una vez contraídas para evitar contagios se aplica también al personal que trabaja en la salud.
La inmunización, en el caso de la triple bacteriana (también llamada a celular) es contra los gérmenes que producen tos convulsa (coqueluche), tétanos y difteria.
La tos convulsa es una enfermedad infecciosa aguda, altamente contagiosa, que afecta las vías respiratorias altas. Es causada por bacilos de la especie Bordetella pertussis.
En cambio, el tétanos lo provocan neurotoxinas que afectan el sistema nervioso y generan violentas contracciones musculares.
Finalmente, la difteria, que al igual que las otras enfermedades se origina en una bacteria, infecta la nariz y la garganta y produce una seudomembrana que puede obstruir las vías respiratorias.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y comercialización en todo el territorio nacional del producto “Dristán Descongestivo por 10 comprimidos pertenecientes al lote C321 1, Vencimiento 06/2014”, cuyo robo fue denunciado por el laboratorio Wyeth S.A., publica hoy el Boletín Oficial.Según la disposición 6310/2012 de la Anmat, se prohibe el uso y comercialización de ese descongestivo ya que el laboratorio Wyeth S.A. informó que le fueron sustraídas cuarenta y seis mil ochenta unidades del producto correspondiente al lote C321 1 de un total de ciento cincuenta y cinco mil novecientas diecinueve unidades, las que aún no habían sido comercializadas.
En los fundamentos de la medida, la Anmat recuerda que el laboratorio decidió reprocesar el remanente del lote involucrado, estuchando nuevamente el producto y codificando el estuche secundario con la siguiente denominación “L C321 3 V06/14”.
También explica que “el Programa Nacional de Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos y la Dirección de Asuntos Jurídicos” de la Anmat, intervienen en la investigación del hecho.
Los jueces de la Cámara del Crimen de esta ciudad citaron al comisario mayor Carlos Ayuso, jefe de la Unidad Regional Zona Norte, para que brinde un informe sobre serias irregularidades detectadas en la alcaidía Policial de esta ciudad, entre ellas la vinculada con una excesiva administración de psicofármacos a gran parte de los internos.Consultas formuladas por Diario Patagónico dan cuenta de que medicamentos tales como Clonozepam y Rivotril, que sólo se expenden en las farmacias (con recetas por duplicado) son “sugeridos” sin discreción por un médico policial, aparentemente con la anuencia de la jefatura de la alcaidía ubicada en el barrio Unión, la cual se encuentra a cargo del comisario Jorge Vera.
Terapéuticamente estos psicofármacos son utilizados como ansiolíticos, antifóbicos y anticonvulsionantes; “es decir que se los venían suministrando para que (los internos) estén constantemente tranquilos”, reveló a ese medio una fuente confiable de la misma Cámara, añadiendo que aún cuando ello fuera necesario se requeriría la actuación de un psiquiatra que tiene más facultades profesionales que un médico clínico.
En esa dependencia existe una población de aproximadamente 12 internos, pero no pudo precisarse a cuantos de ellos se les suministran los psicofármacos de manera compulsiva.
GOLPIZAS Y PROBLEMAS
CON DOCENTES
En rigor, los jueces de la Cámara que actualmente es presidida por María de los Angeles Lembeye, tomaron conocimiento del caso de los psicofármacos por la denuncia que a través de su abogado defensor hizo un interno de la alcaidía, quien se encuentra procesado por delitos menores.
El mismo, cuyo nombre no se dio a conocer, no solo reveló que constantemente le suministraban contra su voluntad psicofármacos, sino que también era sometido a algunas palizas.
Esto motivó que el defensor solicitara a la Cámara que fuera inmediatamente transferido a otra dependencia, algo que se habría concretado el fin de semana, específicamente hacia la comisaria Seccional Quinta ubicada en el barrio Rotary 23.
Pero las irregularidades que se investigan también se extienden al despectivo trato que personal de la alcaidía brinda a dos o tres docentes o instructores que acuden a esa dependencia para dar clases de apoyo y dictar algunos talleres de capacitación.
Se cuenta que una maestra que dicta clases de nivel EGB debe desnudarse para ser requisada toda vez que acude a esa dependencia y una situación similar afronta un joven del proyecto comunitario “Alas de Libertad”, creado especialmente para asistir con cursos de capacitación laboral (electricidad, carpintería, manualidades, etcétera) a quienes pasan sus días en calabozos.
Los educadores ya habrían dado su testimonio ante la justicia, indicando además que no estarían dispuestos a continuar con su tarea bajo estas condiciones.
En tanto, también se supo que desde la Cámara se estaría preparando un informe para elevarlo ante el juzgado de instrucción que se encuentra a cargo de Mario Albarrán, mientras que ayer por la tarde los miembros del tribunal esperaban la presencia del comisario mayor Ayuso.