Los jueces de la Cámara del Crimen de esta ciudad citaron al comisario mayor Carlos Ayuso, jefe de la Unidad Regional Zona Norte, para que brinde un informe sobre serias irregularidades detectadas en la alcaidía Policial de esta ciudad, entre ellas la vinculada con una excesiva administración de psicofármacos a gran parte de los internos.
Consultas formuladas por Diario Patagónico dan cuenta de que medicamentos tales como Clonozepam y Rivotril, que sólo se expenden en las farmacias (con recetas por duplicado) son “sugeridos” sin discreción por un médico policial, aparentemente con la anuencia de la jefatura de la alcaidía ubicada en el barrio Unión, la cual se encuentra a cargo del comisario Jorge Vera.
Terapéuticamente estos psicofármacos son utilizados como ansiolíticos, antifóbicos y anticonvulsionantes; “es decir que se los venían suministrando para que (los internos) estén constantemente tranquilos”, reveló a ese medio una fuente confiable de la misma Cámara, añadiendo que aún cuando ello fuera necesario se requeriría la actuación de un psiquiatra que tiene más facultades profesionales que un médico clínico.
En esa dependencia existe una población de aproximadamente 12 internos, pero no pudo precisarse a cuantos de ellos se les suministran los psicofármacos de manera compulsiva.
GOLPIZAS Y PROBLEMAS
CON DOCENTES
En rigor, los jueces de la Cámara que actualmente es presidida por María de los Angeles Lembeye, tomaron conocimiento del caso de los psicofármacos por la denuncia que a través de su abogado defensor hizo un interno de la alcaidía, quien se encuentra procesado por delitos menores.
El mismo, cuyo nombre no se dio a conocer, no solo reveló que constantemente le suministraban contra su voluntad psicofármacos, sino que también era sometido a algunas palizas.
Esto motivó que el defensor solicitara a la Cámara que fuera inmediatamente transferido a otra dependencia, algo que se habría concretado el fin de semana, específicamente hacia la comisaria Seccional Quinta ubicada en el barrio Rotary 23.
Pero las irregularidades que se investigan también se extienden al despectivo trato que personal de la alcaidía brinda a dos o tres docentes o instructores que acuden a esa dependencia para dar clases de apoyo y dictar algunos talleres de capacitación.
Se cuenta que una maestra que dicta clases de nivel EGB debe desnudarse para ser requisada toda vez que acude a esa dependencia y una situación similar afronta un joven del proyecto comunitario “Alas de Libertad”, creado especialmente para asistir con cursos de capacitación laboral (electricidad, carpintería, manualidades, etcétera) a quienes pasan sus días en calabozos.
Los educadores ya habrían dado su testimonio ante la justicia, indicando además que no estarían dispuestos a continuar con su tarea bajo estas condiciones.
En tanto, también se supo que desde la Cámara se estaría preparando un informe para elevarlo ante el juzgado de instrucción que se encuentra a cargo de Mario Albarrán, mientras que ayer por la tarde los miembros del tribunal esperaban la presencia del comisario mayor Ayuso.