Expertos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de la Superintendencia de Servicios de la Salud coincidieron en resaltar los aspectos más favorables de la llamada “trazabilidad en los medicamentos” que comenzó a aplicarse a nivel nacional.
En un encuentro de la Maestría en Administración de la Salud de la UBA, que se dicta en la fundación Sanatorio Güemes de Capital Federal , una representante de la ANMAT, la médica María José Sánchez destacó que “la trazabilidad permite reducir de manera significativa los costos en la atención de la salud, con respecto a la producción y distribución de los medicamentos”.
La profesional recordó que, “al mismo tiempo, se evita la falsificación, el robo y el contrabando de los mismos”.
Detalló, asimismo, que “hasta el día de hoy, ya hemos tenido más de 14 millones de transacciones informadas, que involucraron a 180 laboratorios, 15.420 farmacias y 290 establecimientos asistenciales”.
El sistema de trazabilidad consiste en identificar individual y unívocamente cada unidad de las distintas especialidades medicinales que son comercializadas, al tiempo que se tiene registrado a cada uno de los eslabones de distribución de los movimientos logísticos asociados a dicha unidad.
En su exposición, la representante de la Superintendencia de Servicios de Salud, Norma Guerrieri, resaltó que el sistema de trazabilidad “permite llevar total transparencia al sistema y evita cualquier tipo de riesgo con los pacientes”.
“Contamos ya con un importante marco normativo que, además de la Ley, tiene cinco resoluciones y diversas reglamentaciones”, agregó.
La médica recordó que al plan “han adherido ya varias provincias” como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Corrientes y San Luis, entre otras.
“Podemos afirmar que estamos en 50% del total de entidades que deben ir cumpliendo con el proceso. Se ha avanzado de manera significativa”, precisó.
En la charla se recordó que “a partir de la aplicación de la trazabilidad, la Argentina se convirtió en uno de los pocos países que tiene políticas de seguridad y transparencia en la cadena de producción y comercialización”.
El sistema fue lanzado en junio de 2011 y lo presentó en la Casa Rosada la presidenta Cristina Fernández.