El ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, fue sobreseído en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio por casi 48 millones de pesos a 52 obras sociales sindicales, que en realidad fueron implementados para la promoción de planes de prevención, con la finalidad de la detección temprana de los factores de riesgo de enfermedades prevalentes.
La resolución del juez federal Ariel Lijo benefició a otros tres ex funcionarios, pero no alcanzó a los gremios involucrados, que seguirán sujetos al expediente al menos hasta el año que viene. El juez federal corrigió con su resolución un mamarracho judicial, inventado a expensas de la denunciadora profesional Graciela Ocaña, que lo único que hizo como ex titular del PAMI y como ex ministra, fue invertir en su imagen pública, ayudada por los multimedios hegemónicos opositores al Gobierno, y nada en una materia que nunca dominó como es la Salud.
La causa se basa en la Resolución 806/07, de la Superintendencia (SSS), que durante la gestión de Capaccioli había dispuesto un subsidio extraordinario de 47.744.950 pesos a distribuir entre 52 Obras Sociales sindicales, para la realización de planes de prevención de enfermedades. Lijo sobreseyó a Capaccioli por entender que el trámite administrativo que originó el subsidio fue correcto y cumplió con todos los pasos formales.
La denuncia daba cuenta de un supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el otorgamiento de subsidios por parte de la Superintendencia a las Obras Sociales para la implementación de programas de prevención de diabetes, tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, displesias, cáncer colorectal, cáncer de mama y de cuello de útero, etc. Pero dichos planes estuvieron avalados por una decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que comandaba el entonces Jefe de Gabinete, Don Alberto Angel Fernández, el Ministro de Economía y el Ministro de Salud, asi que el juez entendió, acertadamente, que el organismo a cargo de Capaccioli, “no sólo tenía las facultades para desarrollar estos programas sino que tenía la obligación de llevarlos a cabo“.
Aunque la investigación continuará sobre las Obras Sociales, el sobreseimiento de los ex funcionarios llevó alivio al ámbito sindical, porque el juez Lijo también declaró la nulidad de los llamados a indagatoria de Gerónimo Venegas y Cecilio Salazar, al considerar arbitrario el llamado a sus indagatorias porque se vulneraron sus derechos constitucionales, “por cuanto se los llamó por hechos que aún no son suceptibles de ser evaluados a la luz del ordenamiento penal”. dijo en su resolución. Entre las organizaciones involucradas están las de camioneros, peones rurales, metalúrgicos, mecánicos, gastronómicos, estatales y sanidad.
Además de Capaccioli fueron beneficiados tres ex directivos de la Superintendencia de Servicios de Salud: el ex gerente de Gestión Estratégica, Dr. Oscar Cochlar; el ex subgerente de Gestión Estratégica, Dr. Fernando Scopinaro; y el ex gerente de Asuntos Jurídicos, Dr. Horacio Ballesteros.
La causa había sido impulsada por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña – alias la hormiguita atómica, como le dicen sus acólitos y, obviamente apoyada y fogoneada desde las páginas del multimedios hegemónico Clarín y su socio La Nación, para dañar la imagen del Gobierno, la de los sindicalistas, los políticos y todo aquel que se oponga a sus verdaderos intereses, que no siempre concuerdan con los del país.
Pero, entre otras cosas, la olvidadiza Ocaña, en un reportaje concedido en 2009, la entonces titular de la cartera de Salud sostenía que estaba formando parte del “mejor Gobierno que existe desde que yo nací”, y que se sentía integrante del “proyecto político que más transformaciones ha hecho en el país en los últimos cincuenta años”. Pero resulta que luego criticó a la Presidenta y pasó a jugar con la peor oposición que se haya visto hasta el momento. Una extraña mujer, con ínfulas de grandeza, complejo de inferioridad y de muy escasa memoria, que gracias a su vendido posicionamiento mediático y sus denuncias, hoy ocupa un lugar legislativo, indebido, inmerecido.
