UN EXTRACTO DE LA NOTA “La mía, la tuya, la nuestra” ESCRITA POR HORACIO VERBITSKY EN PAGINA 12, SOBRE EL MANEJO EN LA OBRA SOCIAL DE CAMIONEROS
– La Administración de Programas Especiales.
La Resolución 30 (ver aquí) aprobada por la Auditoría General de la Nación (AGN) en marzo de este año señala graves debilidades, desvíos, deficiencias, incumplimientos e irregularidades en el otorgamiento de subsidios a las obras sociales sindicales durante la gestión de dos funcionarios designados por indicación de Moyano en la Administración de Programas Especiales (APE): el yerno de su esposa, Cristian Asorey, quien era coordinador del sistema informático, y su ex asesor legal Daniel Colombo Russell, quien fue la máxima autoridad de la APE hasta abril del año pasado.
Durante la sesión de la Auditoría en la que se aprobó el informe, Despouy dijo que fue necesaria la intervención de la Justicia para que pudieran acceder a la documentación requerida a la APE y denunció penalmente al yerno Asorey porque “exhibió ostentosamente material confidencial de la Auditoría no tramitado oficialmente”.
El auditado había conseguido infiltrar al auditor y se jactaba de ello. Según el informe de la AGN, está pendiente de rendición o recupero el 57 por ciento de los subsidios otorgados entre 1999 y 2010, por un importe de 690 millones de pesos.
El 65 por ciento de estos fondos sin respaldo se concentra entre diez obras sociales.
Las principales son las de Gastronómicos, Camioneros, Comercio, Personal Civil de la Nación y Bancarios, es decir todas las líneas internas sindicales. Como hay más de 25.000 expedientes atrasados resulta imposible detectar extravíos.
En el 73 por ciento de los que analizó la Auditoría, la APE aconsejó aprobar la rendición de cuentas aunque faltaba la documentación que mostrara cómo se usaron los fondos.
Los laboratorios no certificaron la legitimidad de una cuarta parte de los troqueles auditados, y en un 4 por ciento tampoco eran auténticas las facturas que acompañaban los troqueles.
También se verificaron más de un centenar de beneficiarios que cobraron aunque habían fallecido antes de presentar la solicitud.
En 2009 la APE ordenó pagar más de 10.000 expedientes en trámite cuando faltaban instancias de análisis para determinar sumas ciertas o “peor aún, que finalmente no se les reconoció monto alguno y se archivaron”.
Estas irregularidades no sólo afectan la transparencia y eficiencia de la gestión, lo cual compromete el manejo de fondos públicos, sino también “el derecho a la salud de los beneficiarios de las obras sociales”, lo cual es mucho más grave.
Despouy informó al cuerpo de auditores de pagos realizados a prestadores no inscriptos o con habilitación vencida, lo cual pone en duda “la autenticidad de los medicamentos entregados”.
Agregó que se hallaron certificados médicos emitidos por “presuntos profesionales a los que no se pudo verificar la matrícula y firma”.
En el caso de Camioneros, la Fundación de Hemofilia certificó que se usaron 71 envases de un medicamento, pero fueron pagados 86 troqueles.
La proveedora de los medicamentos, Droguería Urbana, “no está inscripta en el Registro Nacional de Prestadores a cargo de la Superintendencia ni en el registro a cargo de la ANMAT”.
Sus directivos fueron detenidos por la Justicia.
Fuente: Página 12
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