Farmacity inicio en mayo de 2012 una acción legal contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de la Resolución Nº 000235/12 emanada por el Ministerio de Salud Provincial, acto administrativo que rechazaba la solicitud efectuada por la sociedad de habilitar farmacias en la Provincia de Buenos Aires.
Ello dio inicio a la causa Nº 24.974 que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata, a cargo de la Dra. Martinez, cuya carátula es: “FARMACITY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA – EMPL.PUBLICO”.
Es de destacar que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (CFPBA) se encuentra actuando como tercero coadyuvante en dicha causa, presentándose para defender no solo la profesión farmacéutica sino también la propiedad de las farmacias, para que estos establecimientos continúen en manos de nuestros profesionales de la salud, así como la instalación de las mismas de acuerdo con parámetros demográficos y geográficos, tal como lo establece la Ley 10.606.
En el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata se ha resuelto denegar el pedido de Farmacity S. A. para habilitar oficinas de farmacia en la Provincia de Buenos Aires, tomando como base la Jueza que “(…) el bloque normativo aplicable a nivel provincial ha tomado recaudos plasmados en tales normas a los fines de evitar que se configuren posiciones dominantes en el mercado que redunden en perjuicio del derecho a la salud… Las restricciones de nuestra ley resultan razonables y proporcionales a los fines perseguidos con su dictado, y en especial protección otorgada por la Constitución Provincial al derecho a la salud, de conformidad a lo expresado en el artículo 36, Inciso 8° de tal cuerpo normativo”, ente otros argumentos de ley.
La presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Farm. Isabel Reinoso, en su carácter de tal, y a los efectos de la participación de la entidad como tercero coadyuvante, hizo oportunamente la defensa del bloque normativo de protección al derecho a la salud, denunciando que Farmacity S. A. “ intenta modificar el modelo de farmacia instaurado por la Ley N° 10.606, el cual esta orientado a asegurar el acceso de la población al medicamento, pone el acento en la actividad empresarial soslayando la importancia social del medicamento y de garantizar la provisión del mismo, incluso en aquellos lugares no rentables”.
“Refiere que la equiparación de las sociedades anónimas a otra tipología de sociedades que tienen socios farmacéuticos desconoce abiertamente el rol social que juega el profesional farmacéutico, el carácter de servicio público impropio de las farmacias, la condición de bien social del medicamento y el derecho a la salud”.
“Señala que las grandes cadenas de farmacias, en su búsqueda incesante de rentabilidad se ubican en las zonas mas pobladas, ello permite detectar que promocionan la venta de medicamentos como si se tratara de una mercancía o bien de consumo en lugar de poner el acento en la protección de la salud de la población”.
“Refiere que justamente por ello, resulta fundamental el rol del farmacéutico quien en su oficina de farmacia comunitaria, se ubica tanto en las zonas periféricas como en los centros urbanos, prestando un servicio profesional sin verse sometido a la presión económica del propietario de un establecimiento farmacéutico de cadenas”.
El representante de Farmacity erróneamente argumenta que la Ley Nº 10.606 permite la promoción de un “monopolio legal”, esto resulta incorrecto a la luz de las definiciones del término monopolio y más aún de lo que establece la norma.
En el fallo se establece que “NO es posible vislumbrar como la diversidad de sujetos mencionados por la Ley N° 10.606 podría significar una posición dominante en el mercado en los términos de la ley de Defensa de la Competencia, que tuviera como consecuencia mayores precios y peores servicios”.
Se señala que “al contrario de lo planteado por la actora (Farmacity S. A), la legislación provincial vigente defiende la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y de esta manera cumple con la manda constitucional del artículo 42 de la nuestra Constitución Nacional”.
Asimismo, la regulación de propiedad de farmacias vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires “se ocupa de proteger ampliamente otro de los derechos constitucionales enunciados en el texto del artículo 42, la protección de la salud y seguridad de los consumidores de medicamentos”.
La Ley Nº 10.606 no es ni vaga ni ambigua, sino que por el contrario, es sumamente clara en cuanto a los sujetos alcanzados por la misma y que resulta razonable las restricciones acerca de la titularidad de las farmacias.
En su fallo la Jueza establece sobre la norma establecida que ““el proyecto de referencia sitúa al quehacer farmacéutico en su verdadera dimensión fáctica y jurídica de “servicio público”, con las características generales y particulares que le son propias, tendiendo a su eficiencia, generalidad, regularidad y continuidad del mismo, mediante los controles que el Estado, por intermedio de la autoridad sanitaria debe ejercer cumpliendo sus facultades de policía administrativa de fiscalización y control dentro del marco de referencia de las acciones de salud, uno de cuyos efectores es la farmacia, de relevante importancia para la prevención y curación de las enfermedades”.
A su vez plantea que “el medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización”.
Además se reafirma con este fallo “el poder de policía de seguridad, salubridad y moralidad corresponde como principio general a las provincias (Fallos: 277/147), toda vez que es una facultad que se han reservado (art. 121 de la Constitución Nacional y por lo tanto su ejercicio no puede ser invalidado”.
La Ley de Farmacias N° 10.606, establece que “es criterio de los suscriptos mantener el sentido sanitarista que posee la legislación vigente, evitando introducir, en aspectos tan importantes para la salud de todos los bonaerenses, un criterio mercantilista puro que desnaturalice el fin de la norma”, según consta en el fallo.
Cabe recordar que el texto del artículo 3° de la Ley N° 10.606, según Ley N° 13.054, es claro y preciso en cuanto dispone que “…se autorizará la habilitación de una farmacia por cada 3.000 habitantes por localidad, tomándose como base los datos arrojados por el último Censo Nacional de Población. En aquellas localidades de menos de 6.000 habitantes se podrá habilitar una segunda farmacia cuando la población exceda los 4.000 habitantes. En todos los casos, deberá existir entre las farmacias una distancia no inferior a los 300 metros, medidos de puerta a puerta por camino peatonal….”.
Es importante destacar que el fallo rescata distintos principios, entre ellos el de la OMS: “la Organización Mundial de la Salud, que aconseja la existencia de un establecimiento cada tres mil habitantes y, por supuesto, teniendo un espacio físico mínimo entre una farmacia y otra. Esto preserva los derechos adquiridos de las farmacias que ya se encontraban instaladas…”.
El fallo establece que carece de asidero el argumento de Farmacity de considerar que “el artículo 3° de la Ley N° 10606 es inconstitucional porque la limitación que establece promueve un monopolio legal en beneficio de las farmacias existentes que, como todo monopolio, trae como consecuencia mayores precios y peores servicios en un servicio crucial para la salud pública como lo es el de las farmacias. Dicha limitación viola el deber constitucional de las autoridades de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados que les impone a las autoridades provinciales el articulo 42 de la Constitución Nacional”. Frente a esto el fallo argumento que: la Ley N° 10.606 no establece ningún monopolio a favor de sociedades o persona alguna, sino que por el contrario, en su artículo 14 habilita a diferentes sujetos de derecho y distintos tipos societarios a ser propietarios de farmacias siempre y cuando cumplan los requisitos allí expuestos y que tienden a resguardar la actividad farmacéutica como servicio público impropio y a deslindar la responsabilidad de los asociados intervinientes”.
Este fallo judicial viene a fundamentar la defensa del modelo de farmacia que, como agentes de salud, impulsamos y defendemos los farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Este Colegio central sostiene la racionalidad del modelo de farmacia profesional destinada a dar servicio farmacéutico, a favorecer la accesibilidad a los medicamentos y productos para la salud, pero evitando el modelo polishopping, que favorece la concentración económica, atenta contra la red de farmacias en distribuidas en cada rincón de la Provincia y alienta el consumo irracional de fármacos.
Fuente: Prensa Urbana – AM 690 – www.bairesprensa.com.ar
Los profesionales farmacéuticos de nuestra Provincia han manifestado la inquietud en lo relativo al esfuerzo y los costos que deben asumir para la prestación del servicio público sanitario en el horario nocturno y los días feriados o no laborables, considerando, que el servicio público sanitario de farmacia es una actividad de incumbencia exclusiva del profesional farmacéutico (inc. b) del art. 1º del Anexo V de la Resolución 566/2004 emitida por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación). Por ello se ha establecido un nuevo valor de referencia. 
En la Provincia de Buenos Aires el estado ha delegado en los establecimientos farmacéuticos el servicio público sanitario para la dispensación de los productos destinados al arte de curar, de cualquier origen y naturaleza, así como la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, material aséptico, inyectables, productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usadas en seres humanos (art. 1º de la Ley Provincial 10606);
