La idea es poder despachar el proyecto antes que ingrese norma que permite venta de remedios en supermercados.

El martes 30 de octubre tiene previsto el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Javier Macaya (UDI), someter a votación en general, el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario estableciendo una nueva ley de medicamentos que buscará priorizar el despacho de esta normativa para luego abocarse al estudio del proyecto de venta directa de medicamentos.

Macaya explicó que tienen fijado plazo hasta el 29 de octubre para presentar indicaciones. La votación en general y comienzo de discusión en particular será el 30 de octubre, porque “ya hemos escuchado a los actores, ahora tenemos que ver cómo todas esas opiniones pueden ayudar a mejorar el proyecto que busca incidir en tener medicamentos más seguros, de mejor calidad y con precios que beneficiosos para los usuarios”.

El proyecto de medicamentos modifica el libro IV del Código Sanitario estableciendo que el Ministerio de Salud deberá asegurar el acceso a los medicamentos, y que para ello actualizará el Formulario Nacional que contendrá la nómina de medicamentos esenciales, que servirá de base para determinar los petitorios mínimos con que deberán contar las farmacias.

Asimismo, se establece que el Instituto de Salud Pública (ISP) llevará un registro de todos los productos farmacéuticos evaluados favorablemente en cuanto a su seguridad y a la calidad y se establece que ningún producto farmacéutico podrá ser distribuido en el país sin que haya sido registrado.

El ISP podrá autorizar provisionalmente la distribución, venta o expendio y uso de productos farmacéuticos sin previo registro, para usos medicinales urgentes derivados de situaciones de desabastecimiento o inaccesibilidad que puedan afectar a las personas.

También se prohíbe los incentivos económicos de cualquier índole que induzcan a los profesionales habilitados para prescribir y dispensar medicamentos o a los dependientes de las farmacias y a cualquier otra persona que intervenga en la venta o administración de medicamentos, para privilegiar el uso de determinado producto.

Respecto de la receta establece que en la prescripción de un fármaco, se deberá individualizar el remedio por su denominación genérica, independientemente que se agregue el nombre de fantasía o de marca.

Sobre las farmacias permite que aquellos lugares donde no existan farmacias establecidas, se autoricen farmacias móviles. En comunas de menos de 10 mil habitantes y en aquellas que se ubiquen a más de 100 kilómetros de otro centro poblado, los establecimientos asistenciales de la localidad estarán autorizados para suministrar productos farmacéuticos.

Permite la venta de dosis unitarias de medicamentos, podrá efectuarse en farmacias autorizadas por el ISP y respecto de los precios establece que la información deberá figurar en el envase de cada producto. Además, cada local de expendio deberá contar con una lista de precios que esté a disposición del público en forma directa y sin intervención de terceros, de manera visible, permanente y actualizada.

Fernando Pauta es un tipo contento. Se ha pasado la mitad del sábado reunido con su jefe, apenas ha disfrutado de la sobremesa familiar con sus padres y hermanos y, en cambio, vuelve radiante a casa cuando el sol ya hace rato que se acostó. “Mira”, dice extasiado con unos papeles en la mano, “si todo va bien, este año llegaremos a 12 millones de dólares en ventas”.

Fernando gestiona Farmasol, una red pública de farmacias cuya peculiaridad –además de ser una empresa pública y rentable- radica en la venta de medicamentos a bajo coste. En solo seis años, Farmasol, Farmacias Municipales Solidarias, ha alcanzado un tráfico de 90.000 clientes mensuales en sus trece establecimientos. “Es un ejemplo para todo el país”, afirma orgulloso el gestor.

El país al que se refiere Fernando es Ecuador y el ejemplo, Cuenca, una localidad de 400.000 habitantes en plena cordillera andina. Cuenca es la tercera ciudad del país en número de habitantes por detrás de Guayaquil y Quito. En los últimos años, el crecimiento ha sido espectacular. Las laderas antiguamente verdes que arropaban la ciudad se han convertido en bosques de modernos edificios. “Son los gringos”, explica Fernando, “muchos vienen aquí a retirarse, porque es muy bonito”.

Las calles centrales de la Cuenca andina lucen adoquines nuevos y un alumbrado imponente. Ya no hay niños pidiendo en cada esquina del casco viejo. El metro cuadrado, a precios irrisorios hace una década, alcanza ahora valores que harían enloquecer a los gurús del boom ladrillero español. “Sí, la cosa va mejor”, reconoce Fernando, “y nosotros trabajamos para que eso se traduzca en una sociedad más justa”.

¿Cuál es el truco? ¿Por qué una empresa pública pasa de vender un millón y medio de dólares en medicamentos en 2006 a 12 millones en 2012? “Pues por la ley”, explica Fernando. En Ecuador, la legislación obliga a las farmacéuticas a vender más barato a la administración que a la empresa privada.

“Nos tienen que rebajar como mínimo el 15%”, indica. La ley ha generado fricciones con Farmasol, negativas de algunas multinacionales que se han resistido a vender a un precio menor. Según Fernando, nada serio. Además, la aspiración de la red es convertirse en proveedora del resto de la industria farmacéutica aprovechando esa ventaja en la compra. A las multinacionales no les quedará otra que tragar. Fernando asiente.

Mientras tanto, Farmasol crece. La red ha organizado este año cantidad de charlas informativas en los barrios donde tiene presencia. Sus trabajadores explican las bondades de una buena alimentación a los enfermos de diabetes o la necesidad de protegerse del sol en ciertas épocas del año. Cuenca yace a más de 2.000 metros de altura y el sol cuando pega, pega.

Fernando muestra las gráficas, la línea roja representa el año que corre y supera a las otras de calle. Le pregunto por el alcalde. “Del partido de Correa”, me dice. Ah. Y ¿qué tal Correa? Sonríe, calla. “Hace cosas bien y cosas mal”.

Voy a internet, googleo “ecuador, presupuesto, ministerio de sanidad”. 1.849 millones de dólares en 2012. Leo “revolución ciudadana”, “ejes de la revolución”. Recuerdo a los niños de las calles del centro hace nueve años, chorros de vocecillas buscando una moneda en las ventanillas de los coches. ¿Qué han hecho, los han escondido para no hacer feo? “Que no”, dice Fernando, “que Cuenquita mejoró”.

La misión a Vietnam no será la última excursión comercial del Gobierno en este año. El próximo 8 de noviembre será el turno de los laboratorios farmacéuticos nacionales, que viajarán a Brasil para negociar mayores exportaciones a ese mercado.

Fuentes de Comercio Interior expresaron a BAE que “se abre un campo de millones de dólares para la venta de medicamentos. En una primera etapa, de acuerdo con las negociaciones avanzadas, comenzaríamos con los medicamentos de venta libre”.

El viaje a Brasil se acordó luego de que se destrabara la exportación de medicamentos. Las fuentes indicaron que el socio comercial reconoce los certificados de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para que los productos nacionales entren al país vecino.

El problema radicaba en que mientras los documentos del organismo certificador brasileño “eran reconocida en la Argentina, Brasil no hacía lo propio con el Anmat, porque nunca lo pidió nuestro país”, dijeron las fuentes.

Esto provocó que los bienes nacionales demorasen el desembarco en Brasil, porque los laboratorios debían superar una prueba adicional para la certificación en ese país.

Desde Comercio Interior, indicaron que Moreno, y representantes de los laboratorios nacionales y extranjeros se reunirían en noviembre para analizar la prórroga de descuentos del 30% en más de 500 medicamentos, ya que el convenio vence a fin de año. La ronda de reuniones tendrá como protagonistas a las firmas nucleadas en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que concentra a los laboratorios extranjeros; y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), que al igual que CILFA, representa a firmas locales, con una fuerte presencia de laboratorios pymes.

Las fuentes de la Secretaría de Comercio Interior indicaron que el programa de descuentos alcanza hoy a más de 170 tipos de medicamentos, que cubren las terapias más importantes de las patologías más comunes. De todos modos, los medicamentos bonificados contemplan determinadas cantidades de comprimidos y miligramos.

Finalmente, cabe reseñar que el 29 y 30 de este mes, partirá una misión oficial a la República de Vietnam, con la presencia de alrededor de 300 empresarios. El mayor interés radica en que Vietnam representa un mercado potencial de 100 millones de habitantes, y viajarán firmas de varios sectores de la industria nacional.

Son recursos que deberían ser desembolsados del fondo para financiar los tratamientos médicos complejos.

Aunque están divididos, la CGT de Hugo Moyano y la central oficialista de Antonio Caló –con el respaldo unánime de todas las fracciones sindicales– coinciden en algo: dicen que el Gobierno se está quedando este año con no menos de $ 500 millones de las obras sociales del presupuesto para tratamientos complejos. Y que va a quedarse con una cifra similar en 2013 según las cifras del Presupuesto para el año próximo y a una reciente Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según los últimos datos oficiales, hasta ahora –ya transcurridos más de 9 meses– el Gobierno reintegró a las obras sociales por los tratamientos de alta complejidad apenas el 38% de los $ 1.159,9 millones presupuestados .

Para el año próximo, el Presupuesto prevé reintegrar $ 1.173,2 millones, solo un 1,1% más cuando solamente por la inflación la partida debería ser un 25% mayor.

Todo esto es al margen de la deuda de más de $ 14.300 millones que el Gobierno adeuda a las obras sociales por no haber repartido los fondos excedentes del sistema, como marca la ley.

Según los sindicalistas, la explicación está en la reciente Resolución 1.200 de la Superintendencia que crea el SUR- Sistema Unico de Reintegros.

Este sistema, antes conocido como APE (Administración de Programas Especiales) se financia con dinero del Fondo Solidario de Redistribución, que se forma con una parte de los aportes de los trabajadores y empresarios a las obras sociales. No son fondos del Estado sino una especie de reaseguro del sistema con el objetivo de repartir en forma solidaria a las obras sociales los gastos que demanda “la atención de las enfermedades de baja incidencia, alto impacto económico y largo tratamiento”.

La mayor objeción de los sindicalistas apunta al artículo 8 de la Resolución y al anexo que establece que el reintegro “no es obligatorio” y se hará “según las disponibilidades presupuestarias y las razones de oportunidad, mérito y conveniencia”.

“Basta que pongan un tope, congelen la partida del Presupuesto o algún funcionario considere que no hay razones para que una obra social no reciba lo gastado y a otra sí le paguen”, le dijo a Clarín un directivo de una importante obra social sindical. En ese caso la resolución dice que “la denegatoria o concesión parcial en ningún caso generará derecho alguno en favor” de la obra social, extinguiendo lo adeudado.

Aunque actúa como un reaseguro, la resolución enfatiza que la obra social “es la única obligada frente al beneficiario” deslindando a la Superintendencia “de toda responsabilidad”.

La Resolución permite que las obras sociales cedan el derecho de cobro de los reintegros a favor de ciertos prestadores o proveedores.

“Esto es para favorecer a determinados prestadores. Quien contrate a determinadas clínicas, cobrará ” , dicen los sindicalistas.

Las obras sociales también aseguran que la norma afecta a los discapacitados, porque fija un tope de $ 2.800 mensuales para el transporte, cuando los gastos son superiores, y elimina el pago de la escolaridad, un gasto clave.

Clarín 19-10-02