Los farmacéuticos de todo el país han advertido sobre la crítica situación que atraviesa el sector; Piden la revisión del sistema de bonificaciones que se instrumentó en el marco de la crisis de 2002 para garantizar la asistencia de remedios a la población.
En el marco de la crisis de 2002, el mercado del medicamento incorporó un sistema de bonificaciones para que la población pudiera acceder a los remedios. Ese mecanismo de descuentos fue prorrateado por la industria de medicamentos, las farmacias y el Estado.
Por estos días, los farmacéuticos de todo el país han fortalecido una campaña en el reclamo para que se termine con ese sistema de bonificaciones que en primer lugar se aplicó en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) pero luego se replicó a las otras obras sociales con similares características.
Argumentan que la situación económica ha cambiado sustancialmente respecto a aquella grave crisis. Pero además, advierten acerca del impacto de la inflación que incrementa los costos de los insumos y habilita subas salariales pero esto no se condice con el precio del medicamento que ha aumentado el 12% en el último año.
Entre Ríos. La secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Alicia Merlo de Obaid, contextualizó el surgimiento del mecanismo de bonificaciones, en 2002.
“En aquel entonces se arma un sistema de tal manera que se pueda seguir garantiznado la cobertura en medicamentos a través de todas las obras sociales”, recordó. “El primero que lo hace es el PAMI. Se previó un mecanismo por el cual el afiliado paga el 40% del remedio mientras que el 60% restante lo costea la industria, por otra parte la farmacia y también el PAMI”, explicó. Luego, el sistema se replicó en el resto de las obras sociales.
En ese esquema “los que más ponen” son la industria y la farmacia “a lo que hay que agregar que ese 60% que falta cobrar se paga a los 60 días. Pero nosotros a los proveedores no podemos demorar el pago más de 15 días”, afirmó Merlo de Obaid.
“En el 2001 estallaba el país. Pasaron ya más de 10 años. El contexto es otro, pero además, agravado por el problema inflacionario. Nos aumenta todo, el costo salarial, los gastos operativos, los servicios y el precio de los remedios subió sólo un 12%. Tenemos un desfinanciamiento enorme, muy difícil de sobrellevar”, advirtió la profesional.
En ese marco, el fin de semana se publicaron en todo el país solicitadas de los colegios profesionales en el marco de una jornada nacional de protesta que desarrolló la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).
Planteo. La pretensión, planteada ante las obras sociales y el Estado, es que un cambio en las reglas de juego. “Ese convenio de PAMI repercutió en todas las obras sociales. Queremos que cambie este sistema, que se terminen las bonificaciones aunque está claro que eso no podrá suceder de un día para el otro”, estimó.
“Así como estamos esto no se puede sostener. Hay muchas farmacias que corren serios riesgos de cerrar”, advirtió. En Entre Ríos hay entre 400 y 450 farmacias y aún no se han planteado cierres. “Los casos más graves se dan en provincia de Buenos Aires porque además son las farmacias de esa provincia las que más ponen en el sistema de bonificación”, describió.
Marcha al PAMI
La Confederación Farmacéutica Argentina realizó el viernes pasado una concentración y una marcha hacia la casa central de PAMI, a la Legislatura porteña y la Superintendencia de Servicios de Salud. En ese marco, el presidente de la organización, Ricardo Aizcorbe, manifestó: “Estamos reunidos acá para decirles que todos los que estamos en este sector no vamos a continuar dispensando medicamentos a pérdida para los convenios con la Seguridad Social y la medicina prepaga. Durante la crisis del año 2002, la farmacia, para poder atender a los afiliados, ofreció realizar aportes a la seguridad social que hoy ya no deberían hacerse. La emergencia ya ha sido superada hace varios años. Las obras sociales y prepagas han recompuesto sus recaudaciones, pero la farmacia sigue haciendo los aportes”, enfatizó. Se advirtió que hoy el sector está “en la cornisa” lo que pone en juego “100.000 puestos de trabajo”. Finalmente, y tras describir una serie de hechos que implicarían una competencia desleal con el sector, se remarcó en el acto que “es el farmacéutico la garantía del uso racional del medicamento. Por eso no se puede dejar caer esta red sanitaria que ha costado 80 años construir, que es la red sanitaria más importante de Latinoamérica. Nos venimos haciendo cargo de lo que no hace el Estado. Cuando los servicios del Estado están desbordados, los pacientes vienen a nuestras farmacias a consultarnos. Y nos hacemos cargo en forma gratuita de esa prestación, pero mientras subsidia a muchos servicios públicos, a este sector lo está ahogando”, advirtió. Exigió “la disminución inmediata de las bonificaciones” y que “todos los medicamentos vuelvan a la farmacia para seguridad de la población y se cumpla con la ley”.