El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer) junto con el Ministerio de Salud de la provincia realizará una jornada titulada “Medicamentos legítimos sólo en farmacias” que tiene el propósito de concientizar sobre el uso responsable de los remedios.

La apertura estará a cargo del ministro Hugo Cettour y el titular del colegio de profesionales Walter Ormaechea. Además, habrá dos disertaciones de dos referentes del tema en cuestión.
Por un lado, el titular de la cátedra de Farmacología de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Rothlin, se ocupará de la interacción de medicamentos de venta libre. En este sentido, hablará sobre los efectos adversos de la automedicación, la mala administración, las dosis incorrectas y la superposición medicamentosa sin prescripción médica.
Por otro lado, la titular del Departamento integral del medicamento, Cristina Collino, describirá el proceso de aplicación de la norma que estipula la exclusividad de la venta de medicamentos al ámbito de las farmacias. Al respecto, presentará estadísticas que dan cuenta de la evolución.
La ley 9.817 dispone que los medicamentos sólo puedan ser suministrados por farmacias e instituciones controladas por el Ministerio de salud. Por lo tanto, quedan excluidos los kioscos, los drugstores, las estaciones de servicio, entre otros. Ormaechea, dijo a EL DIARIO que “desde que se modificó la norma hace seis años ha bajado notablemente la venta de medicamentos por fuera de las farmacias”.
Los invitados son profesionales, intendentes, funcionarios de salud, farmacéuticos, medios de comunicación y el público en general. Se espera la presencia de unas 80 personas.
El encuentro se llevará a cabo este viernes en el Salón Garrigó del Hotel Gran Paraná (Urquiza 976) a partir de las 9. “Las jornadas tienen como fin reunir a los funcionarios municipales, farmacéuticos y medios locales para reflexionar sobre la venta de medicamentos en negocios no autorizados” señalaron desde el Colegio de Farmacéuticos.
Como cierre se invitará a los intendentes o representantes de los municipios a firmar un convenio de mutua colaboración para hacer cumplir la mencionada normativa.
Trazabilidad. Estas jornadas se vinculan con la capacitación llevada a cabo a fines de agosto por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sobre la circulación de los medicamentos y garantizar remedios seguros a la población. De la misma participaron efectores de salud pública y del sector privado y trabajadores de farmacias, droguerías y laboratorios.
En pos de la implementación progresiva del sistema de trazabilidad de medicamentos, a cargo de dicha capacitación estuvieron los equipos técnicos de los ministerios de Salud nacional y provincial. “El medicamento es un elemento absolutamente sensible para la salud pública y por supuesto para el ciudadano, a quien le debemos garantizar que tenga acceso a medicamentos legítimos que cumplan con el debido proceso de fabricación, importación, distribución y comercialización”, subrayó en la oportunidad Cettour.
La trazabilidad está regulada a partir del decreto 435 de 2011. El ministro precisó que “a través de la presidencia y del Ministerio de Salud de la Nación, se trata de que todas las provincias entremos en este sistema para poder controlar el tema del medicamento, para que el que llegue al ciudadano sea absolutamente legítimo y seguro”. Agregó que “el sistema de trazabilidad permite saber si el medicamento que llega al ciudadano cumplió con el ciclo que corresponde”.
Para la implementación total del sistema de trazabilidad en la provincia “hay que cumplir una serie de adaptaciones en el sector público y en el sector privado establecidas como resoluciones por Anmat”, reconoció Cettour, al tiempo que remarcó que se trata de un proceso que se debe cumplir gradualmente.

Denuncia por intoxicación
El secretario de la Federación Médica de Entre Ríos, Rodolfo Nery, informó que presentaron una denuncia en Salud Pública por la intoxicación medicamentosa que sufrió un paciente de Concordia. El problema surgió porque el remedio fue vendido por un “médico golondrina”. Nery dijo a APF que se trataría de un “psiquiatra pero vende tratamiento para la celulitis o de la obesidad” y los remedios son ofrecidos “en el consultorio”, advirtió. El galeno dijo que este profesional “viene de Buenos Aires y atiende en Concordia” y en primera instancia se sabe que estaría matriculado en la provincia.

PARA DESTACAR
Niños. El Colegio de Farmacéuticos lleva adelante junto con el Colegio de Psicopedagogos un programa educativo para niños de quinto grado de la escuela primaria. La iniciativa busca concientizar a los alumnos sobre los perjuicios de la automedicación y de la necesidad de una indicación médica, los modos de conservación y la importancia de respetar los horarios para ingerirlos. La propuesta comenzó el año pasado con cuatro escuelas y este año se extendió a 40.
Habilitados. En la provincia existen unas 600 farmacias que deben contar con la dirección técnica de los profesionales.

El Diario 12-09-13

El escándalo por las irregularidades en el suministro de medicamentos oncológicos es una olla a presión que intenta ser controlada, de forma desesperada, por algunos funcionarios.

Hasta el momento, hay 10 detenidos, que seguirán tras las rejas por un tiempo prolongado. El único que aceptó declarar en sede judicial fue un visitador médico, mientras que el resto buscó escudarse en el silencio.

Ahora bien, en varios pasillos judiciales se comenta lo curioso de que las detenciones lleguen solamente hasta Marcelo Piergiacomi, alias “Pier”, que era subdirector del área Farmacia y Bioquímica de la obras social y al que las propias autoridades del IOMA calificaron, luego de estallar el escándalo, como “empleado de planta permanente”. Su jefe, en la estructura jerárquica de la obra social, es el director general de Prestaciones, Nicolás Vitale, que sigue en funciones.

También llamó mucho la atención que luego de más de un año y medio de investigación no se haya avanzando en las responsabilidades que tendrían otros funcionarios de mayor jerarquía en la estructura jerárquica del IOMA. En ese sentido, según afirmaron a Hoy algunas fuentes vinculadas a la denuncia, “en el tercer piso del IOMA llegó a funcionar un centro de acopio de medicamentos oncológicos de alto costo, con heladeras incluidas, desde donde las drogas eran derivadas al mercado negro”. 

Y agregaron: “empleados administrativos tenían acceso al sistema y podían cambiar los que auditaban profesionales médicos, que hacían las auditorias en papel. Todo lo que ocurrió no se podría haber realizado sin que se haya enterado los responsables de la Dirección General de Prestaciones y de la Dirección General de Administración del IOMA. Y lo mismo le cabe a todo el resto del directorio”.

Entre los funcionarios que estarían involucrados, que sospechosamente no fueron alcanzados por el accionar judicial, se encontraría una coordinadora que sería amiga personal de Giselle Fernández, la hermana de la presidenta Cristina Kirchner.

“La conducción del IOMA desoyó las advertencias sobre la corrupción que hoy se investiga  y decidió perseguir a quienes denunciábamos”, afirmó Idelmar Seillant, titular de la Asociación de Profesionales de la obra social, uno de los principales denunciantes de la causa.

Hoy 9-09-13

La CGT de Antonio Caló lo analiza con la Superintendencia de Servicios de Salud. El 30% de los gastos en obras sociales corresponde a los fármacos.

El tercer paso del diálogo social que convocó el Gobierno estará dedicado a establecer una política de control del precios de los medicamentos. Cumplida la meta de la modificación de Ganancias y ante el inminente lanzamiento de la ofensiva contra el trabajo ilegal, el tópico sobre salud es otro de los ejes definidos. El dato duro se constituye en que el 30% del presupuesto destinado a las prestaciones de las obras sociales a sus afiliados se aplica a la compra de medicamentos.

En efecto, la cuestión ya promovió encuentros entre dirigentes sindicales, las cámaras empresarias que agrupan a los laboratorios y la Superintendencia de Salud. Dirigentes de la CGT encabezada por Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky le confirmaron a BAE Negocios que hay “decisión tomada” con respecto a encarar en “forma inmediata” este problema. “El control de precios a los medicamentos es una de nuestras prioridades en materia de salud; hay otras, pero esta es relevante”, dijo Antonio Caló. Dentro de esa central el referente de los trabajadores de Obras Sanitarias José Luis Lingeri planteó el tema durante la reunión en la Casa Rosada donde se anunció la modificación del mínimo no imponible. La presidenta Cristina Fernández no dudó incorporar ese punto a la agenda del diálogo social. Desde la CTA, el secretario adjunto Pedro Wasiejko destacó la incitativa de Lingeri y dijo: “Es fundamental avanzar sobre este tema. Y aclaramos que no le dijimos a los laboratorios que no ganen dinero, sino que su rédito sea el adecuado”. La Central de Trabajadores Argentinos considera relevante establecer –desde Nación– un listado de medicamentos con los precios correspondientes. Allí estiman que el mismo Indec, aprovechando incluso la modificación del IPC, podría generar la información necesaria.

Lingeri le dijo a este diario que ya se iniciaron las conversaciones con los representantes de los laboratorios: “Confiamos en la buena voluntad las partes para llevar adelante un trabajo que beneficiará a todos”. El dirigente de Obras Sanitarias comentó también que la gama de propuestas abarca un capítulo especial para los tratamientos de fertilización asistida (ver recuadro). Con los datos sobre los gastos por medicamentos en carpetas, los recursos que las obras sociales destinan para ese menester van desde el 20%, promedian el 25% y en la mayoría de los casos alcanzan –o superan– el 30 por ciento. “Una parte muy importante del PBI incluye esas prestaciones”, recalcó Wasiejko. Los medicamentos genéricos también forman parte de los considerandos que evaluó Lingeri en su análisis. “La cuestión básica es que todos pongamos las cartas sobre la mesa, hagamos un análisis a conciencia y busquemos la mejor solución”, refrendó el dirigente de Obras Sanitarias.

La CTA además de estar dispuesta a trabajar en conjunto con la CGT de Caló cuenta con los estudios y análisis del Cifra, su centro de labor para problemáticas sociales. Dicho ente está constituido por los representantes de los sindicatos de la central y por investigadores del Área de Economía y Tecnología de la Flacso y del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda). Lingeri ponderó también que las obras sociales deben realizar esfuerzos importantes para brindar el servicio que sus afiliados requieren y el ordenamiento de los valores de los fármacos es una herramienta que se corresponde con los principios de justicia social que se dignificaron a partir del 2003 a la fecha. “Consideremos a la salud como un derecho de todos los trabajadores y sus familias, porque ésa es nuestra obligación”, enfatizó. En tanto otros dirigentes de la CGT se lamentaban por lo que consideran algo más que un detalle. “Están los que trabajan por objetivos como éste y no faltan los que menoscaban cualquier iniciativa legítima o directamente tratan de fogonear el fracaso”, deslizan, y en cuanto a escenarios, consideran que esa realidad no sólo tiene que ver con las elecciones de octubre.
Especial interés en fertilización asistida

El capítulo de atención a la salud dedicado a la fertilización asistida también forma parte de las iniciativas que las centrales sindicales decidieron motorizar en el marco del diálogo con empresarios y el Gobierno.

Dentro de las expectativas de la CGT Caló se prevé activar una mecánica de labor dentro del marco de la ley 26.862 (de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida) para mejorar los servicios de las obras sociales dentro de esa normativa. Los costos de los tratamientos pueden llegar al valor de $50.000, en los casos de “alta complejidad”, y según la dirigencia sindical la cuestión exige “prolijidad y dinámica” para acceder a esas prácticas. En los informes que elaboró el equipo del dirigente José Luis Lingeri, se prevé la alternativa de crear bancos de óvulos, un registro de prestadores, la confección de un listado de los sanatorios habilitados para esos servicios y garantizar el asesoramiento profesional debido para aquellas personas que se sometan a dichos tratamientos.

La ley establece la prestación de cobertura integral, diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo y la asistencia profesional –médica y psicológica– para cada caso. Dentro de este capítulo, la dirigencia sindical también está coordinando la labor con la Superintendencia de Servicios de Salud que encabeza Liliana Korenfeld.

BAE 9-09-13