La iniciativa surge tras las denuncias que vienen realizando profesionales y numerosos afiliados de la obra social, afectados por las constantes demoras en la entrega de medicamentos de alto costo (drogas oncológicas, remedios para HIV, insulina, etc.).

 

“El presupuesto de la obra social fue uno de los que más creció en la administración pública bonaerense, desde que Scioli asumió como gobernador. Pero la calidad de las prestaciones viene en caída libre. De ahí que exista la sospecha de que una parte de estos recursos se deriva a financiar la política”, afirmó Martello.

 

“Este esquema de tercerizaciones también viene aplicándose, desde hace años, con el suministro de drogas de alto costo (HIV, oncológicas, insulina, etc.), que forman parte del Plan Meppes. Allí interviene la gerenciadora Farmalink, un emprendimiento empresarial que actualmente gestiona los dos convenios más grandes de la seguridad social de la Argentina, IOMA y PAMI, en

representación de los laboratorios nacionales y multinacionales que componen la industria farmacéutica del país. De esta empresa también depende el Centro de Autorizaciones de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales (Camoyte).”, explicó Martello.

 

“Precisamente, las principales demoras en la entrega de medicamentos se registran en el Plan Meppes, un convenio que actualmente insume más del 50% del gasto total en remedios ambulatorios que realiza la obra social. “Farmalink y el Camoyte asumieron, en gran parte, el rol que antes cumplían los farmacéuticos. El fracaso de este modelo y de la gerenciadora es total. La falta de medicamentos está poniendo en riesgo los tratamientos y la vida de los pacientes”, concluyó el legislador provincial.