No reviste un carácter novedoso la intervención en el mercado farmacéutico nacional. Desde finales de la década del treinta hasta mediados de los años sesenta del siglo XX el Estado intentó, con suerte adversa, regular la actividad. El objetivo principal era proteger a la población de los abusos de precios en que incurrían los laboratorios. 

Sin embargo, la seguidilla de proyectos truncos encontró una relativa victoria en 1964 con la sanción de las leyes 16.492 y 16.493. Finalmente estas leyes (también conocidas como leyes Oñativia en virtud del ministro de Asistencia Social y Salud Pública que llevo adelante el proyecto) no llegaron a reglamentarse y sus propósitos se esfumaron entre turbulentos tiempos políticos y presiones corporativas. 
Incluso hasta el día de hoy es recordado el enfrentamiento del presidente Illia con los laboratorios. 
La denuncia permanente acerca de sobreprecios, maniobras impropias y márgenes aberrantes de ganancias a expensas se la población tuvo su manifestación en los acalorados debates parlamentarios de 1964. Por ejemplo, el diputado Boffi asevero que “los medicamentos tienen precios sumamente altos y seguirán aumentando porque los distintos sectores han puesto en práctica una martingala para encontrar el argumento explicativo de esta situación por lo menos debe rebajarse el precio de los medicamentos un 50% y así podrán tener ganancias extraordinarias”. Más aun, en un pedido de informes al doctor Oñativia, éste declaró que los laboratorios “fueron estructurando una serie de vicios, arbitrariedad con que la industria fija los precios que no guardan relación armónica entre los costos” ya que los precios “se fijan mediante prácticas monopólicas”‘. 
De este modo queda plasmada una “distorsión” que culmina carcomiendo los ingresos reales de los trabajadores y pasivos, a saber, una profunda desconexión entre los costos y los precios de venta. Brecha que es aprovechada por empresas privadas en desmedro de la población. En este punto las leyes de 1964 desenmascaran la estructura de costos de las grandes compañías poniendo en evidencia maniobras especulativas escandalosas. 
Con la información detallada sobre los costos efectivos y los precios de venta, la normativa establecía topes máximos para las utilidades privadas y para remisiones de ganancias al exterior. Obviamente estos puntos generaron no pocos resquemores de la cúpula empresarial hacia la figura de Illia. 
La concentración económica, problema de fondo de toda la economía argentina, la estructura oligopólica y la influencia de la industria aún permanecen en pie configurando un verdadero escollo para el desarrollo armonioso de la sociedad. 
Los informes sobre el sector, además de corroborar el progresivo nivel de facturación, resaltan una extranjerización y concentración creciente especialmente a partir del periodo comprendido entre 1991- 1996. En definitiva, factores como la dificultad en la obtención de información, la diversidad productiva y un círculo pequeño de oferentes imprimen al mercado de medicamentos ciertas particularidades, sobre todo reflejadas en los precios que hacen necesaria la intervención del sector público. Argentina no es un caso aislado, por su parte, Alemania, Canadá, Francia, Japón e Inglaterra tienen regulada ftiertemente la actividad. 
En 2014 se da un paso adelante en cuanto a la democratización del mercado farmacéutico al sancionarse la ley 27.113 que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Paralelamente se declara de interés nacional y estratégico su actividad. Esto se enmarca en una clara política gubernamental de I+D donde sobresale la repatriación de científicos, la restructuración del CONICET y la elevación al rango de ministerio a la secretaria de ciencia ytecnología. Particularmente la ANLA tendrá el objetivo de desarrollar, transparentar e incentivar la actividad desde una perspectiva publica, social e inclusiva desembarazándose de los planteos puramente mercantilistas. 
Al participar como un agente más en el mercado hará más accesible la información abriendo el juego a nuevos actores. Esta “sociabilización” del conocimiento pretende eliminar los desórdenes y distorsiones típicas en la cadena de valor del sector estabilizando sus precios. 
Brasil ya ha incursionado en la instalación de un complejo tecnológico público que articula políticas con el sistema de salud y asistencia. 
La oficialización de la esta ley también se explica por el constante forcejeo de las autoridades nacionales y empresarios para establecer reglas claras y duraderas en la comercialización de medicamentos. 
Ante la negativa de la industria por acordar precios a largo plazo, el sector público reaccionó interpo niendo una instancia que desalienta posibles desequilibrios en los precios. De esta manera la Agencia se establece como organismo que intentara disputarle mercado a los grandes laboratorios. 
En resumen, ha pasado medio siglo desde las malogradas leyes Oñativia pero las tasas exorbitantes de ganancias aún perduran. Al respecto, las políticas públicas deben limitar aquella tendencia y por otro lado, debe consolidarse el concepto que un medicamento es un “bien social” y por tanto no circunscripto a la órbita mercantil más llana.

Fuente: * ECONOMISTAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE ESTUDIO DE ECONOMIA NAOONAL Y POPULAR (GEENAP)