La producción pública de medicamentos cuestiona el statu quo de la industria farmacéutica. Así lo aseguraron especialistas en salud y representantes de los laboratorios estatales de Rosario y la provincia, quienes advirtieron sobre los peligros de la desregulación del mercado y defendieron la intervención del gobierno en el negocio, tanto a través de la oferta como de la demanda.
Investigadores y directivos de los laboratorios públicos de Santa Fe y Rosario participaron del panel “El problema de los medicamentos y la gestión de salud en la Argentina de hoy”, organizada por el Concejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe, el Grupo Delta, y CapacitaSalud.
En la actividad, realizada a mediados de mayo en la sede de la Empresa Defante & Cía S.A, representantes de empresas dedicadas a la producción pública de medicamentos reflexionaron sobre el peso creciente de las empresas trasnacionales en el mercado de fármacos y valoraron las experiencias del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) como “política de Estado” de la provincia y la municipalidad.
Como destacaron los distintos panelistas, la industria farmacéutica es un sector en permanente crecimiento, aún en épocas recesivas. Esto se debe sobre todo a la inflexibilidad de la demanda, ya que hay medicamentos que no pueden dejar de consumirse, y a las estrategias de venta de los mismos laboratorios.
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de abril de este año, entre 2009 y 2013 la facturación del sector creció casi un 250%. En 2013 vendió productos por 27 mil millones de pesos, contra 11 mil millones en 2009.
A lo largo de la última década la participación de la industria farmacéutica en el PBI ronda el 1%. Emplea en todo el país unas 25 mil personas en forma directa, y a unas 100 mil indirectamente.
Statu qúo
El Director de la Maestría de Gestión en Sistemas y Servicios de Salud de la UNR, Ernesto Báscolo, consideró que la producción pública de medicamentos “atenta contra el statu quo del mercado”.
Destacó que en los países centrales, la producción de medicamentos se encuentra entre “los principales rubros con mayor rentabilidad corporativa e innovación tecnológica”, y advirtió que “el 90% de las patentes de salud están en el Norte”, lo que genera “balanza comercial deficitaria y pérdida de divisas” para los países periféricos.
En este escenario, Báscolo defendió la intervención estatal en el mercado, e identificó tres grandes políticas públicas sobre el acceso a los medicamentos: la desregulación del precio, como la implementó Cavallo en los 90; la intervención desde la demanda, como intenta el Plan Remediar, a cargo del Estado nacional; y la producción pública de medicamentos, como se desarrolla en Santa Fe.
El especialista señaló que actualmente hay “una contradicción terrible, por la mercantilización creciente de la oferta, en manos de los laboratorios trasnacionales, y la desmercantilización” promovida por la demanda y la producción estatal.
Políticas de Estado
El director del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF), Carlos Arques, aseguró que “el mercado no garantiza derechos” y que el Estado “no puede ser indiferente”.
Indicó que en la provincia la producción pública de medicamentos “es una política de Estado”, en la que se considera al “medicamento como un bien social”. Esto implica “que sea accesible, que esté disponible, que tenga efecto terapéutico, calidad, y precio razonable con los costos de producción”.
Actualmente, el LIF provee el 94% de las unidades farmacológicas de la atención primaria en salud de Santa Fe, y el 64% del total de la salud pública provincial.
Arques afirmó que ante un rol activo del Estado “el mercado reacciona con acción psicológica, propaganda, cartelización, y el establecimiento de precios de fantasía por debajo de los costos” para destruir la competencia.
Sin embargo, el directivo del laboratorio estatal resaltó los logros de la empresa. Subrayó que de los 39 laboratorios de producción pública de fármacos que existen en el país, sólo 5 tienen habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el LIF es uno de ellos.
En tanto, Juan José D’Aloisio, director del Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) —esta sociedad del Estado municipal nacida en 1992 en “época de privatizaciones”, según recordó— también defendió la necesidad de “intervención del Estado, para regular el precio”.
D’Aloisio afirmó que el LEM es “el único laboratorio público del país que produce suero” y que, al igual que el LIF, también tiene habilitación de la Anmat.
Además, destacó que un consorcio público, integrado por las universidades nacionales de Rosario y del Litoral, el LIF y el LEM, ganó un proyecto del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para producir medicamentos para el plan Remediar. En este caso, los fondos se invertirán en el tratamiento de tuberculosis.
En cuanto al futuro, D’Aloisio planteó como objetivos del LEM, “aumentar la capacidad de las plantas, generar nuevos fármacos, y fortalecer la red de producción pública de medicamentos”.
Fuente: Diario La Capital de Rosario (01-06-2014)