Johnson & Johnson pagará 2.200 millones de dólares al Gobierno estadounidense para poner fin a unas investigaciones civiles y penales por sobornos a farmacéuticos y la comercialización de productos para usos no indicados en las etiquetas, en uno de los acuerdos más importantes sobre fraudes en la atención médica en la historia del país, informó el fiscal general Eric Holder.
El arreglo por unos 1.630 millones de euros con la empresa y sus subsidiarias en un caso que se prolongaba desde hace años abarca la comercialización de los fármacos antipsicóticos Risperdal e Invega y el medicamento Natrecor, usado para problemas cardiacos.
Desde 1999 a 2005, J&J y su subsidiaria Janssen Pharmaceuticals promocionaron el Risperdal para usos no aprobados, entre ellos el control de la agresión y la ansiedad en pacientes mayores con demencia y en el tratamiento de trastornos del comportamiento en niños y en personas con discapacidades, según la demanda.
La demanda agrega que la comercialización de productos para usos no indicados en sus etiquetas llevó a que los programas de seguros del Gobierno estadounidense tuvieran que pagar cientos de millones de dólares por solicitudes no cubiertas.
Al mismo tiempo, la empresa pagó millones de dólares en sobornos a Onmicare, la mayor farmacéutica del país, especializada en entregar medicamentos a pacientes de residencias encubierto de diversos modos, como “financiación educativa”.
El comportamiento de J&J “puso en peligro temerariamente” la salud de niños, pacientes con demencia y otros a los que se les había prescrito el medicamento cuando solo estaba aprobado por los reguladores para tratar la esquizofrenia, según Holder.
La empresa indicó en un comunicado al regulador en 2011 que había llegado a un acuerdo para solucionar cargos penales vinculados a la promoción de Risperdal – que solía ser un producto de gran éxito para J&J -, pero que ciertos temas seguían pendientes.
El lunes dijo que no habrá cargos adicionales en sus beneficios como consecuencia del acuerdo.