Declarada de interés público por una ley de junio del año pasado, la producción pública de medicamentos comienza a levantar vuelo. Desde 2003 ha experimentado un crecimiento de 680%. Los laboratorios de la Universidad de Córdoba, Puntanos de San Luis y los dos de Santa Fe compiten con dinámica empresarial frente a los privados. Las Fuerzas Armadas construyen un moderno laboratorio con una inversión millonaria. No obstante, desde una mirada integral, todavía hay un extenso camino por recorrer para igualar el desarrollo brasileño.

En Argentina existen 40 laboratorios de producción de medicamentos, aunque 9 son apenas farmacias hospitalarias que fraccionan comprimidos. Los que han alcanzado un elogiable nivel de gestión y producción son Puntanos de San Luis, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario y Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que tienen modelos de funcionamiento autárquico.

Los laboratorios de PPM pasaron de una producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010, con un crecimiento del 680%. La capacidad potencial plena ha sido calculada en 680 millones de unidades anuales, es decir, que se aproximan a su techo productivo, aunque con disparidades, ya que sólo 8 de los 40 son proveedores del Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación.

«Hubo una evolución positiva», dice Jorge Zanzur, director ejecutivo del Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, creado en 2008 por la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña.

Zanzur resalta que como resultado de esa evolución, «disminuyó la capacidad ociosa y mejoró la gestión y la automatización de los procesos». En primera fila coloca a Puntanos, LIF, LEM y Hemoderivados de Córdoba, «el de mayor desarrollo en su especialidad del país y de Latinoamérica, provee de hemoglobina RH al Ministerio de Salud». Con el resto, existe todavía un abismo.

Jaime Lazovsky, subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación, coincide en que las estadísticas de crecimiento del sector son optimistas, pero con la salvedad de que por ahora son apenas 8 los que cuentan con la habilitación de la ANMAT, requisito indispensable para proveer al programa Remediar.

Lazovsky explica que la mayoría de los laboratorios son proveedores de sus respectivas provincias y que «de todos los productos que compra el Ministerio de Salud para el Programa Remediar, sólo 15 los proveen los laboratorios públicos».

El Programa Remediar distribuye 56 medicamentos y 49,5 millones de unidades por año. Desde su nacimiento en plena crisis social –el 17 de octubre de 2002– y hasta octubre del año pasado, repartió 284,1 millones de tratamientos y 1.282.109 botiquines a pacientes carenciados a través de 6.956 Centros de Atención Primaria de la Salud,

Las primeras adquisiciones del Programa Remediar a los laboratorios públicos fueron en setiembre de 2008 al LIF de Santa Fe y Laformed de Formosa.

El Programa Nacional para la Producción Pública no reparte subsidios. Los laboratorios de PPM tampoco ingresan al mercado como «disciplinadores de precios», condición que le adjudican por igual algunos sanitaristas y la propia industria privada, que exageró su incidencia cuando se sancionó en el Congreso Nacional la ley que declara de interés nacional la PPM.

«Cuando los precios eran muy altos, la producción pública era un elemento disciplinador. No es el caso actual con precios muy bajos para la materia prima proveniente de China e India», asegura el subsecretario del Ministerio de Salud.

Zanzur, con estadísticas en mano, explica que el aporte de los laboratorios públicos al Programa Remediar no ha superado el 5% del total, pero con un incremento entre 2008 y 2010, cuando ganaron licitaciones equivalentes a 80 millones de unidades.

Gestión y burocracia

El director del Programa Nacional para la Producción Pública subraya que desde el Ministerio de Salud «hay que acompañar a estos laboratorios hasta que adquieran dinámica de gestión para evitar que queden atrapados en la burocracia o reducidos a la condición de organismos dependientes de un ministerio».

Puntanos, Hemoderivados y los dos laboratorios de Santa Fe tienen figuras jurídicas distintas, pero con una dinámica similar a la industria privada. Por ejemplo, Hemoderivados, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, es un laboratorio sin fines de lucro, que le permite reinvertir sus excedentes y autofinanciarse. Al mismo tiempo optó por asociarse a CILFA, la cámara de los laboratorios de capital nacional, para perfeccionar su perfil empresarial. Pero otros todavía figuran en los organigramas estatales como entidades dependientes de una secretaría de Salud provincial. Es decir, un apéndice de escaso vuelo reducido a poco más que una farmacia hospitalaria.

Jorge Rachid, director de los Laboratorios de las Fuerzas Armadas, encara en estos momentos la construcción de una nueva planta en Parque Patricios con una inversión de 10 millones de pesos aportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Antes de fin de año promete crecer de una producción actual de 2,5 millones de comprimidos a 144 millones de blisters por año y 45 millones de unidades de antibióticos betalactámicos en la segunda planta de El Palomar, partido de Tres de Febrero.

Rachid, ex director de Puntanos de San Luis y uno de los fundadores de la Red Nacional de Laboratorios Públicos de Medicamentos (Relap) el 13 de septiembre de 2007, vislumbró para Acción que, en una etapa de mayor desarrollo, los laboratorios públicos deberán «hacerse cargo del 100% de todos los medicamentos de alto costo y baja incidencia» y que el modelo a imitar es el brasileño Farmanguinhos, laboratorio estatal dependiente de la Fundación Fiocruz, existente desde la década del 70.

Lazovksy coincide en que «los laboratorios públicos deben ocuparse de los medicamentos de alto costo, pero para eso se necesita de una inversión muy fuerte, como hizo Brasil cuando quebró las patentes e inició la producción de medicamentos retrovirales, que en su momento eran de alto costo».

«Uno de los argumentos de la industria privada es que la Producción Pública de Medicamentos carece de calidad y fabrica medicamentos para pobres. Pero la verdad es que tenemos el mismo know how y la materia prima procede del mismo origen. Además, lo privado no es garantía de nada, porque la FDA de Estados Unidos está autorizando la exportación a otros mercados de nuevos medicamentos que sólo cuentan con cinco exámenes clínicos como antecedente de eficacia».

Rachid consideró «intolerable» que el gasto en medicamentos implique en Argentina alrededor del 32% del presupuesto anual de salud, estimado este año en 122 mil millones de pesos, y enfatiza que la cuestión de fondo «es terminar con la fragmentación del sistema de salud que impuso el Banco Mundial en la década del 90, porque no puede haber una salud municipalizada y un chico de Formosa no debe recibir un trato diferente a otro de Buenos Aires».

También es diferente la situación de la Ciudad de Buenos Aires en Producción Pública de Medicamentos en comparación con Santa Fe, Córdoba e incluso con otras provincias de menores recursos, debido a que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ha bloqueado la creación de un laboratorio público competitivo en su jurisdicción.

Fernando Sánchez, legislador de la Coalición Cívica, volvió a presentar este año un proyecto que propone la creación del Laboratorio Público de Medicamentos con planta industrial en el Polo Farmacéutico que se construye en Villa Lugano por iniciativa de Cooperala (cámara de medianos productores privados), cuya producción deberá concentrarse en la lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de Salud (OMS) que incluye aquellos «huérfanos o de escaso interés comercial».

La legislatura de Mendoza, por el contrario, acaba de aprobar la creación del Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos (Lapromed), un proyecto que estaba demorado desde 2002, cuando surgió como producto de la crisis, y que arrancará con una inversión inicial de 6 millones de pesos. El departamento de San Rafael aparece como el ámbito geográfico que albergará el emprendimiento que funcionará como Ente Público descentralizado.

El LIF de Santa Fe anunció en abril una ampliación de sus instalaciones para producir antibióticos inyectables. El laboratorio santafesino ya produce más de 140 millones de unidades anuales y aporta el 94% de las unidades farmacológicas que requiere el Sistema de Atención Primaria de la Salud provincial. Al respecto, el gobernador Antonio Bonfatti aseguró que la producción pública le permitió a su provincia «ahorrar 14 millones de pesos, al evitar tener que recurrir al mercado externo».

En tanto, el laboratorio estatal rionegrino Prozome (con sede en Viedma), que produce 11 millones de unidades anuales, anunció recientemente que aumentará 20% su producción de antibióticos con una inversión de 1,2 millón de dólares y en una segunda etapa apuntará a los oncológicos. Además, proveerá a la Nación de 200 mil unidades de aldendazol para los programas nacionales contra la hidatidosis a 1 peso con 70 por comprimido. El Ministerio de Salud pagaba hasta ahora 20 pesos por cada unidad del medicamento. El ahorro será de alrededor de 750 mil pesos anuales.

Pero no todas son buenas noticias. El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología le envió el 21 de marzo pasado una carta a la presidenta Cristina Fernández quejándose por la demora del Ministerio de Salud en reglamentar la Ley 26.688, que declaró de Interés Nacional la Investigación y Producción Pública de Medicamentos, promulgada el 2 de agosto de 2011.

La Ley fue impulsada por el ex diputado Eduardo Macaluse (SI) y reconocía sus antecedentes en un proyecto similar de las ex diputadas del ARI Marcela Rodríguez y Fabiana Ríos (actual gobernadora de Tierra del Fuego) y el peronista José María Díaz Bancalari, presentado en 2002. En Diputados fue aprobada por 180 votos positivos y 3 abstenciones. En el Senado fue sancionada por unanimidad de los 46 senadores presentes.

Revista Acción 4-07-12 Alberto Ferrari