No es la primera vez que la Fundación Madres de Plaza de Mayo aparece vinculada al negocio de la salud. En diálogo con Hoy, la diputada Graciela Ocaña reconoció que cuando era ministra de Salud el parricida Sergio Schoklender, que en aquel momento era apoderado de la Fundación y mano derecha de Bonafini, le presentó un plan “para fundar una nueva obra social” con los trabajadores que formaban parte de Sueños Compartidos y de los distintos emprendimientos vinculados a la Fundación. “Era totalmente inviable”, dijo “La Hormiguita”.
Eso no es todo. En la causa judicial que llevó a que los hermanos Sergio y Pablo Schoklender estén tras las rejas habría indicios que vincularía a la Fundación con la mafia de medicamentos de gran escala. En un allanamiento realizado en noviembre de 2011 en la imprenta de las Madres fue decomisado el pedido de una droguería para imprimir cajas de medicamentos que se supone estaban destinadas a contener productos apócrifos. La droguería que encargó las impresiones es Lenity SA, que está a nombre de Noelia Verónica Garay, de 27 años, la novia de Pablo Schoklender.
Lenity ya estaba siendo investigada en una causa paralela, dentro del caso de la mafia de los medicamentos, por la falsificación de un remedio oncológico de alto costo, supuestamente provisto por esta empresa al Hospital Británico.
La división de tareas de los Schoklender dentro de las Madres de Plaza de Mayo había determinado que Sergio actuara como apoderado y Pablo se hiciera cargo de la imprenta, situada en Virrey Ceballos 269, del barrio porteño de Congreso. Allí funcionaba también la empresa Pasart SRL, que supuestamente contiene las iniciales de Pablo Schoklender.
Cuando el 15 de junio pasado Oyarbide allanó la imprenta junto con otros 11 domicilios relacionados con las Madres, encontró una orden de trabajo para la realización de envases secundarios (cajitas) de medicamentos. Al parecer, el trabajo había sido encargado por la droguería Lenity.
Llamativamente, pese a que el juez Oyardide ordenó la detención de los hermanos parricidas, nunca profundizó la línea de investigación, que se mantiene en el freezer.

Red de prestanombres
Por otra parte, una investigación realizada por el diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica-ARI) puso de manifiesto que las fundadoras de la empresa Lenity habría sido dos prestanombres llamadas Ilda Delia Bellusci y Silvia Noemí Maone Fiasche, que dejaron su puesto poco tiempo después de asumir. Tanto Bellusci como Fiasche serían personas de condición extremadamente humildes, cuyo nombres aparecen en los directorios de cientos de empresas. Una de estas firmas es Glisud SA, que en su momento estuvo vinculada a un escándalo de corrupción en Tierra del Fuego. Se habría dedicado a comprar a precios subvaluados y en bonos, varios juicios hipotecarios que se encontraban en el Fondo Residual del Banco de la provincia de Tierra del Fuego, durante la gestión del exgobernador Carlos Manfredotti y del exvicegobernador Daniel Gallo.

La versión de Quebracho
En declaraciones a Perfil, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, tomó distancia de la compra del sanatorio de Berisso. “La agrupación Quebracho no tiene nada que ver con la clínica. Hasta donde yo conozco, el Instituto fue comprado por una asociación de médicos y no creo que Juan Manuel (De Rosa) haya dicho adelante de nadie que la plata la consiguió a través de Madres”.
Sobre la relación de Quebracho con Hebe de Bonafini, Esteche recordó que “el vínculo entre Quebracho y las Madres de Plaza de Mayo se rompió cuando la asociación que lidera Hebe de Bonafini se encumbró detrás del kirchnerismo”, aunque reconoció la estrecha relación entre De Rosa y la líder de Madres.

Más de 90 mil personas sin cobertura
Una clara muestra de la delicada situación en la que se encuentra la obra social de jubilados y pensionados está dada por el hecho de que, según trascendió a fines de la semana pasada, al menos 90 mil afiliados (pensionados por invalidez, excombatientes, y en especial 4.000 discapacitados) quedaron sin cobertura de salud.
El PAMI denunció el convenio de prestaciones que incluye a esos beneficiarios de pensiones no contributivas (que otorga Desarrollo Social de la Nación) porque el Ministerio de Salud, desde fines del año pasado, no le está girando “los fondos para el pago de tales prestaciones que se brindan por su cuenta y orden”. Según el PAMI la deuda es de $ 300 millones.

Lucha interna
Lo extraño es que esos fondos figuran en el presupuesto 2012 del Ministerio de Salud, programa 36 a cargo de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicos, por un total de $ 1.652 millones. Ese programa cubre la “asistencia médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, titulares de pensiones por discapacidad y excombatientes de Malvinas y sus familias, bajo padrón”. Y se aclara que “dicha atención, contratada mayoritariamente con efectores públicos, y también con algunos privados y mixtos, se basa en la conformación de una red de prestadores que permite la atención médica de los beneficiarios con una estructura calificada, equitativa y solidaria”.
Los fondos que el PAMI no está recibiendo son de esa partida. Entonces sostiene que no puede pagar las prestaciones de médicos, clínicas y geriátricos que atienden a esos afiliados, que pertenecen al PAMI. Ante esa situación, que se arrastra varios meses, los prestadores anunciaron que no pueden seguir atendiendo a esa gente. Y el PAMI denunció a la cartera sanitaria, advirtiéndole que no está cumpliendo con el convenio “por su exclusiva”.
Así las cosas, 90.000 personas, con serias carencias económicas y discapacidades, son “rehenes” de una pelea que los tiene en el medio, con el agravante ahora de que nadie se hace cargo de cubrir sus necesidades de atención médica.
Diaro “Hoy” 11-06-12