Señor director: La protección de la salud de la población debe garantizar el acceso a los medicamentos y evitar la automedicación. El respeto al medicamento es un principio básico en una correcta política de salud. Este es un bien social, no un producto de consumo y corresponde al Estado desempeñar un estricto rol regulador, por tratarse de un tema con gran incidencia en la salud pública.

 

Ninguno de estos principios ha sido considerado en la reciente decisión del Ministerio de Salud que habilita la entrega de medicamentos  en góndolas en los supermercados, en  cualquier lugar del país, sin la debida dirección técnica y supervisión de un profesional químico farmacéutico.

 

Esta decisión constituye un riesgo sanitario producto de los potenciales efectos adversos que puede provocar el uso inadecuado e irracional de los fármacos por parte de la población. Dichos efectos perjudiciales podrían estar relacionados con errores asociados a la dosis administrada, el tiempo de duración del tratamiento, el uso concomitante de otros fármacos, enfermedades preexistentes y la reacción que puedan desencadenar en cada individuo de acuerdo al grado de susceptibilidad individual. 

 

En lugar de tomar decisiones en que priman los intereses económicos por sobre la seguridad que implica el acto relacionado con la dispensación del medicamento, la autoridad debería exigir el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y la realización de estudios de bioequivalencia. Sin duda esta medida impactaría sobre los costos asociados a la medicación, dado que podrían adquirirse medicamentos seguros y eficaces a precios más bajos.

 

Carmen Sandoval Moraga

Dir. Escuela Química y Farmacia, U. Andrés Bello

Publicado en “La tercera” el 31/05/12